COMUNIDAD NATIVA DENUNCIA A ONG IDL POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Una delegación de la etnia shipibo-konibo llegó a Lima para sostener una reunión con el Defensor del Pueblo, para denunciar a las ONG Instituto de Defensa Legal (IDL) y Forest People Program (FPP), por vulnerar sus derechos humanos al usar su nombre sin la autorización de su población y sin respetar su autonomía constitucional.
el objetivo de estas acciones es captar dinero de donaciones del exterior, a costa de los designios y los intereses de la propia comunidad.
El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, recibió en su propio despacho a los pobladores y líderes de la comunidad originaria Santa Clara de Uchunya del departamento de Ucayali, quienes acusaron en un documento oficial a estas ONG de estar presentando constantemente información falsa sobre la realidad en que vive su población.
Los miembros de la delegación shipibo-konibo manifestaron su total rechazo a las ONG IDL y FPP por abusar de sus derechos humanos al no respetar su autonomía constitucional, a las autoridades y sus pobladores, así como usar el nombre de la comunidad sin consentimiento y perseguir y criminalizar a sus comuneros por no seguir sus órdenes.
generan conflictos e intervienen ilícitamente sobre el autogobierno de Santa Clara de Uchunya, al intentar imponer judicialmente otras autoridades que nuestro pueblo no reconoce, criminalizan, amenazan, persiguen y difaman a los integrantes de la Comunidad
Los líderes originarios aseguraron a Gutiérrez Cóndor que estas ONG hacen continuamente denuncias falsas creando conflictos inexistentes con ciertas personas que tampoco los representan, con el propósito de recibir dinero de la cooperación internacional para supuestamente defender a la comunidad; sin embargo, ese dinero se queda en esos organismos y sus operadores.
“El IDL y sus organizaciones aliadas afectan el derecho a la libre determinación de la Comunidad, debido a que generan conflictos e intervienen ilícitamente sobre el autogobierno de Santa Clara de Uchunya, al intentar imponer judicialmente otras autoridades que nuestro pueblo no reconoce, criminalizan, amenazan, persiguen y difaman a los integrantes de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya en todo tipo de denuncias penales, civiles o de cualquier otra índole, sin ningún derecho ni fundamento…”
“…gracias al secuestro del nombre de nuestra Comunidad, se hicieron con la representación de algunos excomuneros y presentaron discrecionalmente un gran número denuncias a nuestro nombre en contra de terceros. Para esos efectos, sus abogados actuaron sin consultar en ningún momento con las autoridades de la comunidad, ni sus integrantes, e inventaron hechos. Una muestra de ello son las denuncias por usurpación, donde presuntamente las empresas palmicultoras nos habrían despojado de nuestras tierras, lo cual es totalmente falso; asimismo, también presentaron supuestas declaraciones de comuneros que atacaban a la empresa privada y los calificaban como delincuentes. Nada de esto fue informado ni aprobado por nuestro pueblo pues no cuenta con un acta de aprobación de nuestra Asamblea de Comuneros que es el máximo órgano de gobierno”.
Cada uno de esos actos de uso indebido de nombre y hostigamiento fueron registrados en las publicaciones difundidas a través de las plataformas de esas organizaciones, tal como se puede ver en los siguientes links:
El defensor del Pueblo tras el dialogó con los representantes de la delegación shipibo-konibo, recibió la documentación oficial de la denuncia, asegurando que sería su voz ante la comunidad internacional.
Por su parte, Wilson Barbarán Soria, jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, alertó a las autoridades nacionales e internacionales a no dejarse sorprender y pidió ayuda para detener los abusos de estas ONGs, amparándose en su legítimo derecho de vivir en paz.