Eso sería, creo, una auténtica reforma política y no la sarta de sandeces qué impulsó Vizcarra con la complicidad de la llamada Comisión Tuesta, cuyos resultados están a la vista.
Obviamente no me refiero al Fenómeno del Niño (ENSO) ni al aquí mal llamado Niño Costero, me refiero a cada uno de los “niños” de Acción Popular (lo lamento por el partido de Fernando Belaúnde) o a cualquier espécimen similar que abundó en el Congreso que acaba de concluir sus funciones. De eso, basta ya. Y, de ser posible, para siempre.
Se ha promulgado normas de diferente jerarquía que pretenden, dicen, contener el transfuguismo y evitar la compra de congresistas (ahora diputados y senadores). Sin embargo, creo que el país compartirá conmigo que la modificación de ninguna ley o reglamento servirá de nada si el componente de representación, legislación y fiscalización de la democracia peruana reside en 190 personas de carne y hueso con distintas necesidades, aspiraciones e intereses quinquenales, que nosotros desconocemos.
También tenemos derecho a presumir, vista la experiencia reciente, que bastantes de ellos creen haberse sacado La Tinka y que su ingreso personal debe multiplicarse a partir de ahora. Y que otros tantos han captado inversiones non sancti que ahora deben reponer e incrementar al servicio de sus amos y señores (perdón, financiadores).
La democracia tiene herramientas reales que podemos utilizar para terminar, de una vez por todas, con esta lacra. Me voy a referir aquí a tres de ellas, que creo que funcionarían perfectamente.
La primera es la reducción del período de gestión gubernamental y parlamentaria a cuatro años y permitir una reelección consecutiva, si el caso es que el gobernante o los congresistas lo hayan hecho muy bien.
La segunda es la renovación por mitades del Congreso a medio término (o sea a los dos años). De este modo, medio Congreso podrá ser cambiado tempranamente por la ciudadanía en el supuesto (no negado) de que hubiera hecho las cosas mal. Todo el Congreso debería ser sometido a esta práctica y el peor 50% debería ser removido y reemplazado. Eso al menos hasta que la población recupere la confianza en su Poder Legislativo.
La tercera y última es desarrollar (por medios informáticos) una plataforma de democracia directa que permita formular propuestas a cualquier ciudadano con el debido soporte informativo y con la debida asistencia técnica sobre los formatos y procedimientos pertinentes. Aquella propuesta que sea respaldada por, digamos, un millón de ciudadanos, deberá ser tratada con prioridad por el Congreso. La única condición para ser parte de esta plataforma deberá ser contar con una especie de “brevete” constitucional, que se otorgará previo examen objetivo a quienes lo aprueben y demuestren conocimiento constitucional suficiente.
Estas tres sugerencias, si les parecen pertinentes, requieren reformas constitucionales urgentes y no serán aplicadas hasta el próximo período de gestión. Eso sería, creo, una auténtica reforma política y no la sarta de sandeces qué impulsó Vizcarra con la complicidad de la llamada Comisión Tuesta, cuyos resultados están a la vista.
