Tolerar la intolerancia es permitir el fascismo, dolo y la impostura sobre la convivencia democrática de la nación.
El sicariato mediático que hoy caracteriza a muchos medios de comunicación tradicionales, así como a diversas plataformas digitales, nos obliga a realizar un análisis político contemporáneo y nos advierte sobre una alarmante mutación en los mecanismos del poder: la batalla política ya no se libra con propuestas, sino mediante una sistemática estrategia de desinformación ejecutada por auténticos sicarios mediáticos.
Estamos frente a una radiografía de este ecosistema que encaja con precisión en la realidad peruana. La transición entre el origen impreso, la identidad física, real e inalterable, y la huella digital, un rastro virtual infinitamente manipulable, constituye el marco perfecto para entender cómo se configuran las campañas de desprestigio, el sesgo mediático y la profunda distorsión electoral en nuestro país.
En primer lugar, el fenómeno global de los depredadores de la información encuentra su expresión local en la denominada «prostiprensa» mediática y digital. Mientras se advierte sobre mercenarios contratados para falsear, confundir y destruir reputaciones a pedido de sus clientes, en el Perú esta práctica, según esta perspectiva, se ha institucionalizado. Ya no nos enfrentamos a un periodismo informativo o fiscalizador, sino a redes de comunicación tradicionales y alternativas que operan bajo agendas financiadas para demoler la reputación de sus opositores y blindar las faltas de sus aliados, disolviendo la verdad objetiva mediante mentiras y narrativas falsas.
Un arquetipo de este «sicariato mediático» y de las sofisticadas campañas de linchamiento sería la narrativa permanente del «No a Keiko» y el antifujimorismo militante. Los sicarios de la información son expertos en insertar dudas, descontextualizar datos y simular falsas multitudes para perpetrar un asesinato social.
El ejemplo más escandaloso de esta maquinaria ocurrió, según este planteamiento, a solo una semana de la segunda vuelta de las elecciones de 2016, cuando el programa Cuarto Poder, de Canal 4, junto con periodistas como Clara Elvira Ospina y líderes de opinión como Rosa María Palacios, difundió la noticia de que la DEA investigaba a Keiko Fujimori por su presunta vinculación con una millonaria red de lavado de activos y narcotráfico. Al difundir esta información en el momento más crítico de la campaña, lograron enlodar su imagen e incrustar una ;duda razonable; en parte del electorado, alterando, según esta interpretación, el curso de los comicios e instrumentalizando el odio político como una mercancía electoral altamente rentable.
A pesar de que la propia DEA desmintió posteriormente que la candidata estuviera bajo investigación, el sicariato informativo ya había disparado la bala y desde esta perspectiva, la responsable de aquella presunta estafa mediática contra el país y contra la honra de Keiko Fujimori continúa impune.
Por otra parte, esta distorsión informativa sirve como el camuflaje perfecto para ocultar las hojas de vida delictivas de una alarmante porción de la clase política. En el mundo real, la huella impresa funciona como un registro forense inalterable para identificar a quienes quebrantan la ley. Sin embargo, en el terreno virtual, los perfiles pueden modificarse o desaparecer con facilidad. En el Perú, según esta visión, aproximadamente un tercio de los postulantes a elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales arrastra condenas, antecedentes penales o investigaciones por corrupción.
En un sistema regido por la verdad de los hechos, su historial real los inhabilitaría de inmediato para la carrera pública. No obstante, la prensa sesgada y las hordas digitales intervienen, según esta postura, para maquillar ese prontuario, presentando a candidatos peligrosos como «opciones válidas», mientras dirigen los cañones de la destrucción mediática exclusivamente contra sus adversarios políticos.
La nefasta combinación de una prensa complaciente y de operaciones mediáticas orientadas al ocultamiento deliberado de antecedentes judiciales mantiene al electorado en un peligroso estado de letargo y confusión. Hemos permitido que la verdad de los hechos sea sustituida por información manipulada. El resultado es un país donde los verdaderos delincuentes políticos pasan desapercibidos y caminan impunes, mientras la sociedad, anestesiada por el relato, aplaude la destrucción de sus oponentes.
Aún no se ha iniciado el nuevo período presidencial y ya observamos, según esta interpretación, al sicariato mediático en plena acción para deslegitimar las futuras decisiones y programas del nuevo gobierno, contando incluso con la participación de instituciones legislativas y judiciales para desvirtuar y desacreditar las propuestas que serían implementadas por el plan de gobierno de Fuerza Popular. Se revela así, desde esta perspectiva, que la oposición no será constructiva para el país, sino destructiva, y esto será uno de los principales desafíos que deberá afrontar el gobierno a partir del 28 de julio, pues solo generará un mayor retraso para el Perú.
El comunismo, el caviarismo y el progresismo sectario se presentan como enemigos centrales de la nación. Frente a ellos, la disyuntiva es clara: no se convive con el cáncer rojo ni con el odio político; se extirpa o se sucumbe. Tolerar la intolerancia es permitir el fascismo, dolo y la impostura sobre la convivencia democrática de la nación.
