OPINIÓN/ Perú sin ministros técnicos: cómo las reglas espantan talentos
Escribe: Ernesto Álvarez Miranda
Incompatibilidades rígidas, riesgo penal y prensa hostil hacen que los mejores profesionales rechacen el cargo.
A la señora presidente más de un prospecto de ministro de alto nivel, le dijo no gracias. Ser ministro en Perú cuesta caro. Muy caro.
Cuesta su empresa, su consultora, su reputación y varios años de investigaciones fiscales y probablemente juicios. Por eso la respuesta de muchos profesionales top cuando los llaman de Palacio es la misma: «prefiero seguir donde estoy».
Y el país lo paga con ministerios sin especialistas, políticas que duran 6 meses y funcionarios que firman con miedo.
Para jurar como ministro, la Constitución Art. 126 y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo te obligan a dejarlo todo: Vender acciones, cerrar el estudio jurídico, renunciar a directorios y no ejercer su profesión. Y cuando dejan el cargo durante el siguiente año no pueden trabajar en el sector.
El objetivo es noble: evitar conflictos de interés. El problema es que el filtro es tan grueso que solo pasan 3 perfiles: académicos, políticos de carrera y funcionarios públicos. Se quedan sin fuera justo el talento que el Estado necesita.
El razonamiento es el siguiente:
«Para qué voy a vender mi empresa de 15 años por un cargo de 8 meses y salir denunciado».
Más aún, ser ministro es exponerse. Cada licitación, cada viaje, cada frase se vuelve portada, tuit y denuncia.
Por el Art. 128 de la Constitución los ministros responden solidariamente. Por la Ley 30057 responden administrativamente. Y en la Fiscalía responden penalmente. Un error de gestión sin mala fe puede terminar en colusión.
En otros países te equivocas y te censuran. Aquí te equivocas y te denuncian. Resultado: ministros que no deciden. Que patean los expedientes. Que prefieren no firmar antes que arriesgarse.
En los países desarrollados, todos tienen incompatibilidades. La diferencia es que no matan la carrera del que entra. Un CEO puede ser Secretario de Estado, no tiene que vender sus acciones. En Chile la puerta giratoria es de seis meses, aquí un año.
Si queremos gestión técnica se necesitan cambios: ningún funcionario debe ser denunciado penalmente por decisiones de gestión tomadas de buena fe, solo se persigue la corrupción y el dolo.
Hoy la balanza está rota, estamos 100% del lado de la desconfianza. Y el costo lo pagamos todos: hospitales sin medicinas, carreteras paralizadas, reformas que nunca se aplican.
Un país no se gobierna con los que «no tienen nada que perder». Se gobierna con los mejores. Y hoy, con las reglas actuales, los mejores no quieren entrar.