Tras el duro revés que sufrió en las últimas horas debido al fallo de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que declaró improcedente su recurso de amparo para evitar que Ositran supervise las operaciones en el puerto de Chancay; la empresa Cosco Shipping Ports Chancay Perú, anunció la presentación de un Recurso de Agravio Constitucional contra la sentencia.
En declaraciones a RPP, el abogado de la empresa, Ramiro Portocarrero, cuestionó el fallo judicial, al precisar que en la práctica se están modificando las reglas bajo las cuales se invirtió US$ 1,300 millones para la construcción del puerto de Chancay.
El fallo del Poder Judicial revoca una sentencia de primera instancia que había dado la razón a la empresa. La sala concluyó que la referida firma “no acreditó la existencia de una amenaza cierta e inminente contra sus derechos fundamentales, condición necesaria para que proceda una acción de amparo”.
Al respecto, el letrado indicó que Recurso de Agravio Constitucional busca defender la estabilidad del marco jurídico bajo el cual se desarrolló la inversión. «No puede existir una ley especial que establezca determinadas reglas, que un inversionista comprometa más de US$ 1.300 millones bajo ese marco y que, antes de iniciar operaciones, esas reglas cambien», indicó.
De acuerdo a ello, refirió que el principal problema es que la sentencia no analiza la interpretación de la Ley del Sistema Nacional de Puertos, norma bajo la cual se estructuró la inversión en Chancay. “Esa legislación permite desarrollar puertos privados de uso público sin contrato de concesión con el Estado y establece que la intervención de Ositrán solo corresponde cuando existan condiciones monopólicas o problemas de competencia”, dijo.
