El Poder Ejecutivo emitió un decreto supremo mediante el cual se declara el estado de emergencia en 796 distritos del país por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno de El Niño 2026-2027, por un plazo de 60 días calendario.
Las previsiones apuntan a que el Fenómeno El Niño podría prolongarse hasta el verano de 2027.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 097-2026-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano este jueves.
Se indica que la disposición tiene como finalidad la ejecución de medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de reducción del riesgo existente, clasificado como muy alto; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.
Los distritos declarados en emergencia corresponden a los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y la Provincia Constitucional del Callao.
Según el decreto, la ejecución de las medidas de seguridad y mitigación de este fenómeno están a cargo de los gobiernos regionales y locales comprendidos, quienes deben actuar bajo la coordinación y supervisión del Indeci.
El dispositivo agrega que los gobiernos regionales y municipios comprendidos, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y la participación de diferentes ministerios, entre otras instituciones, ejecutarán dichas medidas y acciones de excepción.
Se precisa que estas «deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes».
En otro de los artículos se indica, además, que la implementación de las acciones previstas en la norma se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.
La norma lleva la firma del presidente José María Balcázar; del titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y la de nueve ministros de los sectores involucrados en estas acciones.
