En el Perú se gobierna mirando el reloj, no el mapa. Muchas decisiones políticas parecen pensadas para sobrevivir la semana, asegurar una bancada o proteger al círculo cercano, y no para resolver los problemas del país.
No es una acusación contra cada autoridad, sino la descripción de un patrón que se repite gobierno tras gobierno.
La raíz está en la inestabilidad. En pocos años hemos visto pasar a varios presidentes, y el Congreso y el Ejecutivo viven en pulso permanente. Así es imposible planificar: quien teme perder el cargo mañana no invierte en reformas que darán frutos en diez años. Se dedica a sumar apoyos y apagar incendios. Y como los partidos son frágiles, sin programa ni cuadros formados, cada político juega por su cuenta. La lealtad va hacia quien le garantiza una candidatura o un cargo, no hacia una idea de país. Un partido sólido tiene una reputación que cuidar; un candidato suelto solo tiene su próxima jugada.
A eso se suma la costumbre de empezar de cero. Cada gobierno llega como si el Perú naciera con él. Programas de salud, educación o infraestructura que funcionaban se abandonan no por razones técnicas, sino por rivalidad política. Se pierde experiencia, se botan recursos y los ciudadanos pagan la factura viendo cómo los proyectos se reinician una y otra vez.
Además, la política premia lo que se ve. Una obra inaugurada con cinta y cámaras rinde más votos que una reforma silenciosa de la justicia o de los hospitales. Si el elector evalúa solo lo inmediato, la política responde con lo inmediato. En ese círculo, la responsabilidad también es nuestra: exigir resultados de largo plazo es parte del trabajo ciudadano.
Quejarse no alcanza, y las salidas no requieren reescribir la Constitución. Un buen comienzo es una carrera pública técnica, donde los cargos clave de ministerios y organismos los ocupen profesionales elegidos por mérito y no por cuotas. Así, los proyectos sobrevivirían a los cambios de ministro. De la mano de eso debería ir un acuerdo nacional con metas a diez o veinte años en salud, educación, seguridad y agua, evaluadas cada año por una entidad independiente. Si el avance es público, abandonar esas metas saldría caro.
También hacen falta partidos de verdad, con reglas que premien la trayectoria, la formación de cuadros y la democracia interna, para que quien llegue al poder responda a un proyecto colectivo y no solo a su ambición personal. Todo esto funcionaría mejor con un elector mejor informado: tableros públicos que muestren qué hizo cada autoridad, qué impulsó y qué dejó a medias permitirían votar por resultados y no por discursos. La prensa, las universidades y la sociedad civil pueden liderar ese trabajo sin esperar permiso del poder.
Nada de esto se logra de la noche a la mañana ni garantiza por sí solo una política más honesta con el país. Pero cambia lo esencial: hace que pensar en el Perú deje de ser un acto de heroísmo y se vuelva lo más conveniente. Cuando el interés nacional y el interés político coinciden, gana el país. Mientras no ocurra, seguiremos viendo a los mismos actores, con distintas caras, priorizando lo urgente para ellos y postergando lo importante para todos.
