Mientras más cooperación internacional tengamos será mejor para combatir con eficiencia la criminalidad.
La conmoción provocada por el secuestro del empresario minero en Trujillo y el asesinato de cuatro de sus acompañantes puede convertirse en un punto de inflexión. Los autores se presentaron bajo la apariencia de un operativo policial, con uniformes y una placa clonada. La víctima creyó inicialmente que estaba frente a verdaderos agentes policiales. Hasta ahora no se ha demostrado que policías en actividad hubieran participado en el hecho, pero el daño institucional ya se produjo: para una parte importante de la población, la frontera entre la autoridad y la criminalidad se volvió peligrosamente incierta.
El crimen organizado no se limita a enfrentar al Estado desde fuera. Busca hackear desde dentro: infiltra instituciones, obtiene información, compra protección, suplanta a la autoridad y aprovecha sus debilidades. Las versiones contradictorias sobre la liberación del empresario y la responsabilidad de los primeros detenidos aumentaron esa percepción de desorden y desconfianza.
La salida del general Óscar Arriola y el cambio en el alto mando de la Policía ofrecen al nuevo Gobierno una oportunidad que no debería reducirse a una sustitución personal. La Fiscalía ha solicitado una reingeniería de la inteligencia policial y ha advertido la infiltración de organizaciones criminales en determinadas instituciones. Atender ese diagnóstico exige reconstruir capacidades, controles y credibilidad.
Pero el problema tampoco puede ser enfrentado exclusivamente dentro de nuestras fronteras. Un Estado no puede actuar solo cuando las organizaciones criminales se manejan regionalmente: trasladan a sus cabecillas, lavan dinero, trafican armas, controlan rutas y coordinan operaciones entre varios países. Los Estados, en cambio, siguen respondiendo muchas veces de manera fragmentada.
Existe ya una base política para superar esa debilidad. El Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional adoptado el 28 de mayo por Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, que posteriormente incorporó a Paraguay y Uruguay. El 19 de agosto se constituyó su grupo de trabajo y se organizaron mesas sobre seguridad, inteligencia financiera y tributaria, control migratorio y fronterizo.
Es un avance, pero todavía no es un sistema operativo. No se conoce públicamente su Plan de Acción Conjunto aprobado, con autoridades responsables, financiamiento, protocolos, equipos permanentes e indicadores que permitan verificar resultados. El propio Compromiso dispone que los ministros revisen su implementación dentro de los 180 días siguientes a su adopción. Ha llegado, por tanto, el momento preciso para que el Perú tome la iniciativa.
El Gobierno debería ofrecer Lima como sede de una Conferencia Ministerial para la Ejecución del Compromiso Regional de Santiago, coordinada con Chile y los demás países participantes. No se trataría de otra declaración, sino de aprobar decisiones ejecutables.
La primera decisión sería establecer una plataforma regional segura de inteligencia criminal, financiera, migratoria y penitenciaria, con accesos controlados y trazabilidad de cada consulta para impedir filtraciones. La segunda, formar equipos conjuntos de policías, fiscales y unidades de inteligencia financiera para investigar organizaciones transnacionales y perseguir sus patrimonios. La tercera, coordinar alertas, capturas, extradiciones y controles fronterizos. La cuarta, adoptar un protocolo regional de integridad institucional, evaluación de riesgos y protección de agentes honestos, denunciantes y testigos.
Esta arquitectura respalda y motiva el accionar de cada país miembro y debe articular ya con la Comunidad Andina, el Mercosur y AMERIPOL, con apoyo técnico de las Naciones Unidas. No necesitamos más burocracia, debemos conectar mecanismos existentes y someterlos a objetivos, cronogramas y evaluaciones públicas periódicas.
Una iniciativa de esta naturaleza demostraría voluntad firme del Gobierno, atendería el llamado de la Fiscalía y vincularía la reforma de la Policía con estándares regionales. También beneficiaría a todos los participantes: cerraría rutas de fuga, permitiría seguir el dinero y reduciría los espacios en los que las mafias aprovechan las diferencias entre legislaciones e instituciones. Y por supuesto sus debilidades
Trujillo puede quedar como otro episodio terrible dentro de una crisis creciente o convertirse en el comienzo de una respuesta distinta con voluntad y firmeza. La salida de un comandante cierra una etapa, pero no deshackea al Estado. Para ello se necesita inteligencia renovada, instituciones confiables y cooperación internacional efectiva.
La Conferencia Ministerial de Lima podría ser el primer paso visible de esta acción conjunta. Ello constituye una acción fundamental mientras se implementa acciones complementarias dentro del Escudo de las Américas impulsado por Estados Unidos, tan mencionado en estos días con la visita de Marco Rubio. Mientras más cooperación internacional tengamos será mejor para combatir con eficiencia la criminalidad.
