El episodio que puso límites al poder presidencial en diplomacia y defensa
El episodio y su alcance
La crisis provocada por la incapacidad del presidente encargado José Balcázar —quien pretendía sabotear la adquisición de aviones de combate y sistemas de armas indispensables para el país— y las honrosas renuncias del embajador Hugo de Zela y del general EP (r) Carlos Díaz Dañino a sus cargos ministeriales han sentado un precedente jurídico, político y doctrinario que merece más atención que su efímero ciclo mediático.
Analizado desde una perspectiva positiva, este episodio reveló cuán frágil puede volverse la seguridad nacional cuando el poder se ejerce con improvisación. En un estado constitucional, la seguridad nacional no admite improvisaciones ni decisiones arbitrarias: exige legalidad, responsabilidad y límites efectivos al poder.
Este precedente ha subrayado líneas maestras para nuestra política exterior y ha marcado líneas rojas frente al abandono que han sufrido las Fuerzas Armadas por la desidia, la ignorancia y la mala fe de los gobiernos de turno. Asimismo, este episodio nos brinda la oportunidad de institucionalizar la labor diplomática vinculada con la defensa nacional y de consolidar, de manera permanente, la indivisibilidad de estos dos componentes del poder nacional.
Implicancias jurídicas
En el plano jurídico, la honrosa renuncia de ambos funcionarios, motivada por su patriotismo, dignidad y apego a los preceptos constitucionales y legales, dejó una lección pública sobre lo que significa la responsabilidad política y jurídica en defensa de los intereses nacionales: poner límites al poder presidencial para evitar daños incalculables al país.
La historia nos ha enseñado que la paz no es solo la ausencia de guerras y conflictos, sino el resultado de decisiones oportunas de preparación y previsión
El embajador De Zela demostró, con su ejemplo, que nuestra política exterior no está al servicio del gobernante de turno y que la diplomacia debe articularse con las políticas de Estado en seguridad y defensa nacional. De la misma manera, el general Díaz, frente al exabrupto de Balcázar, antepuso los intereses y objetivos de la seguridad y la defensa nacional a los intereses del presidente encargado. Ambos reafirmaron el respeto al principio de legalidad, a las políticas de Estado y a las decisiones aprobadas por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Implicancias políticas
En el plano político, este episodio nos permite valorar la importancia de sostener una postura diplomática y militar coherente con las políticas de seguridad y defensa nacional. El general Díaz y el embajador De Zela hicieron saber a Balcázar —y al país— que la defensa de la soberanía y la integridad territorial no puede depender de la improvisación de cada gobierno de turno, sino que se sustenta en la planificación y la previsión estratégica.
La historia nos ha enseñado que la paz no es solo la ausencia de guerras y conflictos, sino el resultado de decisiones oportunas de preparación y previsión, de una diplomacia prospectiva y sagaz, y de unas Fuerzas Armadas con capacidad disuasiva real, aptas para garantizar la defensa del país.
Implicancias doctrinarias
En el plano doctrinario, se reafirma que la diplomacia y la defensa —aunque cumplen roles distintos en la protección de nuestros intereses y en la salvaguarda de la soberanía nacional— son elementos del poder nacional que actúan de manera inseparable, como un equipo que se apoya mutuamente.
Una diplomacia que respalda de forma proactiva los requerimientos de la defensa nacional, que se suma al esfuerzo por recuperar y mantener las capacidades de las Fuerzas Armadas y que permanece alerta para evitar su deterioro, es una diplomacia inteligente: entiende que la inferioridad disuasiva de un Estado lo vuelve vulnerable y debilita su capacidad de negociación e intervención diplomática.
Líneas maestras para una política exterior inseparable de la defensa
Este episodio nos permite subrayar algunas líneas maestras y conceptos que deben consolidarse como bases doctrinarias inalterables de nuestra política exterior:
La primera línea de defensa de los intereses permanentes del Estado y la protección de su soberanía la constituye la diplomacia; la segunda, y su respaldo, la constituyen las Fuerzas Armadas. Ambas actúan en conjunto y son inseparables.
La disuasión es una responsabilidad nacional y no sectorial; por consiguiente, la evaluación de las amenazas y de las capacidades de defensa del Estado debe realizarse de manera conjunta entre el sector Defensa y el sector Relaciones Exteriores.
La disuasión es una postura de política exterior, especialmente en el ámbito de la seguridad y la defensa. Se basa en la capacidad de un Estado para evitar agresiones o amenazas externas mediante la demostración de su poder económico, diplomático, militar y/o tecnológico, principalmente.
La política exterior y la Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado peruano deben estar estrechamente vinculadas, pues ambas buscan proteger la soberanía, los intereses nacionales y la estabilidad del país en el escenario internacional. La falta de sinergia y sincronía entre ellas afecta las estrategias de seguridad nacional y coloca al Estado en situación de vulnerabilidad.
Hacia la institucionalización legal
Esta crisis no debe recordarse como un episodio aislado cuya trascendencia se diluya con el tiempo. Si bien la dirección de nuestra política exterior le corresponde constitucionalmente al presidente de la República, también le compete a la Cancillería formular, ejecutar y evaluar dicha política.
Recordemos que, en su primer gobierno, el presidente García y su canciller cancelaron de manera irresponsable la adquisición del segundo lote de doce aviones Mirage 2000, desarmaron unilateralmente al país y redujeron drásticamente los presupuestos para la compra de armamento, el entrenamiento y el mantenimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Esos graves errores no deben repetirse: el vínculo indivisible entre diplomacia y defensa debe institucionalizarse mediante ley.
En los últimos lustros hemos visto los destacables logros de nuestra diplomacia al promover, bajo la doctrina del “poder blando”, la presencia global del Perú, a través de la inserción en los mercados internacionales, la atracción del turismo receptivo, la promoción de nuestra gastronomía y la marca Perú, entre otros, vinculados al comercio internacional.
Dichos logros tienen asidero y fundamento legal en la Ley N.º 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (12 de mayo de 2009), cuyo artículo 15° señala: “El Ministerio de Relaciones Exteriores establece instancias de relaciones eficaces y eficientes con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con las demás entidades intervinientes en las relaciones internacionales”.
Al respecto, si bien es verdad que diplomacia y defensa nacional se encuentran relacionadas en el plano teórico y doctrinario, la coyuntura mundial y regional de este primer cuarto del siglo XXI —así como las tendencias y riesgos futuros que pueden afectar la presencia internacional y la seguridad del país— nos exige vincularlas también en el plano legal, estableciendo y consolidando, de manera permanente, la indivisibilidad de estos dos componentes del poder nacional.
Para ello, propongo modificar la Ley N.º 29357 incorporando un texto similar al de su artículo 15°, que establezca lo siguiente: “El Ministerio de Relaciones Exteriores establece relaciones eficaces y eficientes, coordinadas y conjuntas con el Ministerio de Defensa para fortalecer la política exterior en los asuntos concernientes a la seguridad, la defensa y la soberanía nacional”.
No se trata de restar competencias, sino de fortalecer la acción del Estado mediante sinergia y previsión estratégica ¿Qué se pierde con esta modificación? Absolutamente nada. ¿Qué se obtiene a futuro y para siempre con ella? Sinergia, conjunción y sincronía: una diplomacia estratégica, proactiva y previsora, articulada con un poder militar disuasivo, para fortalecer la política exterior, asegurar la capacidad de negociación y garantizar la defensa y la soberanía nacional.
La necesidad de una Política Exterior realista y una Defensa Nacional fuerte
Los militares profesionales estudiamos y consultamos de manera regular a los clásicos de la teoría y la estrategia política y militar; del mismo modo, analizamos los episodios más relevantes de la historia de las guerras y los conflictos actuales. Sin embargo, procuramos no dejarnos guiar por sesgos particulares ni nos aferramos a una sola teoría o doctrina cuando éstas no han sido contrastadas en el entrenamiento o en el combate real.
La experiencia histórica muestra que el realismo político ha orientado la política exterior y la acción diplomática y militar de nuestros países limítrofes, y continúa guiando la conducta de las grandes potencias. Por ello, vincular la planificación y la acción estratégica de nuestra política exterior únicamente al concepto de “poder blando”, sin contar con Fuerzas Armadas modernas y verdaderamente disuasivas, puede conducir —como ya ocurrió en el pasado— a escenarios geopolíticos desfavorables.
la defensa nacional es integral y permanente: no puede quedar supeditada a encuestas de opinión
El Perú debe sostener de manera permanente unas Fuerzas Armadas modernas, equipadas y tecnológicamente actualizadas, con altísima capacidad disuasiva y defensiva frente a los escenarios geopolíticos reales. La puesta en marcha del megapuerto de Chancay, junto con el crecimiento de nuestras exportaciones agroindustriales y el desempeño altamente competitivo de la minería y la pesca, no solo abre perspectivas prometedoras de expansión económica e integración al comercio mundial; también incrementa los desafíos estratégicos frente a Estados que han expresado abiertamente ambiciones y rivalidades respecto del Perú.
Por ello, la defensa nacional es integral y permanente: no puede quedar supeditada a encuestas de opinión ni a apreciaciones políticas que —por ignorancia en unos casos y por mala fe en otros— pretenden deslegitimar o boicotear la renovación de capacidades y sistemas de armas que el país requiere para proteger a la nación y salvaguardar su soberanía.
Mayor General FAP en situación de retiro. Piloto de caza, defensor de la patria y veterano de guerra.
Bachiller en Ciencias de Administración Aerospacial, cursos de posgrado profesional militar del Colegio de Comando y Estado Mayor Aéreo USAF, Oficial Asesor de la Universidad USAF en Montgomery, Alabama (1992-1993), Planificación Nacional para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, en Beijing, China (2018). Cargos más importantes: oficial de enlace FAP ante la Fuerza de Tarea Conjunta Este del Comando Sur de los Estados Unidos (2002), Sub Jefe del Estado Mayor General FAP (2004), viceministro de Políticas para la Defensa (2017). Consejero Militar de la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas (2018-2019).
La primera línea de defensa de los intereses permanentes del Estado y la protección de su soberanía la constituye la diplomacia; la segunda, y su respaldo, la constituyen las Fuerzas Armadas. Ambas actúan en conjunto y son inseparables.
La primera línea de defensa de los intereses permanentes del Estado