la defensa del Estado constitucional exige memoria, convicción y firmeza. Porque cuando la República renuncia a defenderse, comienza, silenciosamente, el proceso de su propia demolición.
Hay ideas que, por más veces que se repitan, no dejan de ser profundamente peligrosas. Una de ellas es el recurrente pedido de libertad para Pedro Castillo, impulsado por la izquierda radical y acompañado, lamentablemente, por sectores que, por cálculo político o inadmisible cobardía, en nombre de una supuesta reconciliación o de una mal entendida defensa de derechos, terminan siendo funcionales a un proyecto que nunca ocultó su desprecio por el orden constitucional.
No nos engañemos. Este no es un debate exclusivamente jurídico. Es, sobre todo, un debate constitucional. Lo que está verdaderamente en discusión no es únicamente la situación procesal de Castillo, sino la capacidad del Estado democrático para defenderse frente a quienes intentaron quebrar el orden institucional y sustituir el imperio de la Constitución por la arbitrariedad del poder.
El intento de ruptura del orden constitucional del 7 de diciembre de 2022 no constituye una simple anécdota política ni un episodio susceptible de ser minimizado por simpatías ideológicas. Representó un abierto desconocimiento de la separación de poderes, del principio de supremacía constitucional y de la legalidad republicana. En un Estado constitucional de derecho, ninguna autoridad puede pretender concentrar el poder ni gobernar al margen de la Constitución sin asumir las consecuencias jurídicas y políticas de sus actos.
Por ello, la eventual libertad de quien es procesado por aquellos acontecimientos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva individual. También exige valorar el interés público comprometido en la preservación del orden democrático. Se trata del mensaje que el Estado enviaría si cediera frente a quienes pretenden aminorar uno de los episodios más graves de nuestra historia republicana reciente. La democracia puede ser generosa, pero jamás ingenua. El Estado de derecho puede ser garantista, pero nunca permisivo con quienes buscan destruirlo.
Quienes hoy reclaman la libertad de Castillo no buscan solamente que un procesado recupere su libertad personal. Lo que realmente persiguen es reincorporarlo al escenario político como un instrumento permanente de agitación, polarización y confrontación. Pretenden devolver a las calles a quien todavía consideran un estandarte de su proyecto político para mantener vivo un conflicto que les permita erosionar la legitimidad de las instituciones democráticas. Ese es el verdadero Caballo de Troya que algunos pretenden introducir en el corazón de la República.
La democracia no puede premiar a quienes intentaron quebrarla. Hacerlo equivaldría a normalizar el golpismo y enviar el peligroso mensaje de que atentar contra el orden constitucional no tiene consecuencias reales. Esa sería una invitación abierta para que futuros aventureros politicastros intenten recorrer el mismo camino.
Las democracias constitucionales no suelen perecer únicamente bajo el rugido de los tanques o la violencia de las armas. Con frecuencia sucumben por la erosión gradual de sus instituciones, por la relativización de los atentados contra el orden constitucional y por la peligrosa costumbre de normalizar aquello que jamás debió considerarse admisible. El deterioro democrático comienza cuando el Estado pierde la convicción de defenderse.
Resulta perturbador observar cómo algunos sectores, que se autoproclaman defensores del Estado de derecho, terminan justificando o minimizando conductas que, en cualquier democracia juiciosa, serían decididamente inaceptables. Ese doble rasero resquebraja la seguridad jurídica, debilita la confianza ciudadana en las instituciones y alimenta la percepción de que la Constitución puede aplicarse con criterios políticos antes que jurídicos.
El Perú ya pagó un precio demasiado alto por la improvisación, la confrontación y el desprecio por las instituciones. No podemos repetir esa historia. La libertad no puede convertirse en un instrumento para dinamitar la propia democracia que la protege.
La historia enseña que las democracias no suelen morir de un solo golpe. Mueren, muchas veces, por la suma de concesiones, relativismos, cobardías y permisividades. Precisamente por ello, la defensa del Estado constitucional exige memoria, convicción y firmeza. Porque cuando la República renuncia a defenderse, comienza, silenciosamente, el proceso de su propia demolición.
