La lección es clara y brutal: el «sicariato de la verdad» busca trastocar los valores de una nación, convirtiendo el terror criminal de la izquierda y el caviarato, en una “epopeya liberadora”
Sendero Luminoso fue el principal causante de la destrucción y de las decenas de miles de muertes en el país. Sin embargo, la maquinaria del relato «caviar» y la izquierda radical aplicaron exactamente la misma estrategia: diluir la culpa del terrorista y criminalizar sistemáticamente al policía y al militar que defendieron la patria, cuyo sacrificio heroico fue borrado por informes oficiales ideologizados mientras sus verdugos eran transformados en víctimas.
La sustitución de la verdad de los hechos por una percepción estéticamente manipulada ha permitido que miles de policías y militares que defendieron la patria, entregando su vida y su juventud para salvarnos del abismo totalitario, hayan sido tratados por el relato oficial dominante como villanos descartables, mientras que el terrorismo criminal ha sido camuflado bajo el ropaje de la justificación ideológica borrando así el asesinato de miles de ciudadanos y de uniformados bajo el rótulo de «violencia política».
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y el sicariato mediático afín impusieron el término; conflicto armado interno. Esta alteración del lenguaje no fue inocente; su objetivo fue equiparar la barbarie sanguinaria y desalmada de Sendero Luminoso con la respuesta legítima y constitucional de las fuerzas del orden. Bajo esta lógica retorcida, el terrorista que ponía coches bomba, asesinaba alcaldes y destruía torres de alta tensión pasó a ser retratado como un «actor político»; o una «víctima de la exclusión», mientras que los militares y policías que patrullaban las zonas de emergencia fueron encasillados preventivamente como violadores sistemáticos de derechos humanos.
La consecuencia judicial de este «sicariato de la verdad»; ha sido devastadora, mientras las familias de los mandos senderistas y los propios subversivos capturados encontraban un ejército de abogados en oenegés (como IDL) dispuestas a llevar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir millonarias reparaciones que el Estado peruano terminó pagando, mientras los soldados de la patria fueron criminalizados, sometidos abandonados y perseguidos.
Miles de veteranos del Ejército, de la Marina y de la Policía Nacional y rondas campesinas de autodefensa, muchos de ellos discapacitados por la guerra, han tenido que afrontar procesos judiciales interminables, persecución fiscal y el banquillo de los acusados durante décadas, financiando sus defensas con sus propios recursos, tratados como criminales por el solo hecho de haber ganado la guerra en el campo de batalla. Todo esto, además avalado por los gobiernos desde Paniagua hasta hoy.
Espacios financiados por el Estado como el «Lugar de la Memoria» (LUM) o el monumento del «Ojo que Llora» han servido para consolidar una estética donde el protagonismo del sufrimiento y la dignidad les pertenece casi en exclusiva a quienes desafiaron el orden legal. En estos altares del progresismo, el rostro del policía mutilado que desactivaba un explosivo o del soldado que moría emboscado en el Huallaga o en el VRAEM u otros frentes fue omitido deliberadamente.
Para la moral estética caviar resulta «políticamente incorrecto» recordar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actuaron con honor y salvaron la democracia. Prefieren mantener al país en el letargo y la confusión, disfrazando de víctimas a los verdaderos delincuentes políticos que desangraron al Perú, y perpetuando la injusticia contra aquellos héroes silenciosos que entregaron todo a cambio de la ingratitud de un relato secuestrado.
Asimismo, la construcción de una memoria histórica asimétrica, selectiva y profundamente injusta en nuestro Perú, encuentra una analogía perfecta y quirúrgica en el tratamiento que la izquierda radical, las ONG de derechos humanos y la prensa «caviar» ; le dieron a la histórica operación de rescate Chavín de Huántar.
El paralelismo comienza con el borrado sistemático del heroísmo militar frente a la victimización del terrorista. En la réplica de esta distorsión, los valerosos comandos de Chavín de Huántar arriesgaron sus vidas y en los casos del coronel Juan Valer Sandoval y el Capitán Raúl Jiménez Chávez, las entregaron para liberar a 72 rehenes secuestrados durante 126 días por la organización criminal MRTA en 1997. Sin embargo, en lugar de consagrar esta gesta como la operación de rescate más exitosa del mundo moderno en esa época, la maquinaria caviar operó durante años para despojarlos de su condición de héroes.
El relato sesgado pretendió transformar una legítima defensa del Estado de derecho en un escenario de supuestas «ejecuciones extrajudiciales», arrastrando a los comandos a un calvario judicial y sentándolos en el banquillo de los acusados como si fueran delincuentes.
Esta asimetría es el resultado directo de los informes oficiales y la captura institucional del relato bajo la etiqueta ambigua de «violencia política». La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) operó bajo una premisa estética similar. Su informe final suavizó el accionar del MRTA y pretendió equiparar el terrorismo sistemático con la defensa constitucional de la democracia.
El resultado fue la edificación de espacios como el «Lugar de la Memoria» (LUM) o el monumento del «Ojo que Llora», lugares donde por mucho tiempo se camufló la subversión bajo el rótulo estético de «conflicto armado interno»,
El sesgo ideológico posterior forzó al Estado peruano, acorralado por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) impulsados por oengés locales, a pagar millonarias indemnizaciones económicas a los familiares de los terroristas abatidos. Mientras tanto, los comandos sobrevivientes y deudos de los caídos tuvieron que financiar sus propias defensas legales frente a un acoso fiscal implacable que ha durado más de dos décadas.
Finalmente, esta analogía se consolida en la captura de las instituciones y la creación de monumentos con una perspectiva sesgada. Tras la transición del año 2000, los sectores progresistas infestaron ministerios, fiscalías y secretarías de justicia. El resultado fue la edificación de espacios como el «Lugar de la Memoria» (LUM) o el monumento del «Ojo que Llora», lugares donde por mucho tiempo se camufló la subversión bajo el rótulo estético de «conflicto armado interno», omitiendo deliberadamente la dignidad de los miles de policías y militares que salvaron al país del abismo.
Recordar el honor del Comando Chavín de Huántar y la naturaleza sanguinaria de los emerretistas es hoy, para el aparato mediático dominante, un acto «políticamente incorrecto». La lección es clara y brutal: el «sicariato de la verdad» busca trastocar los valores de una nación, convirtiendo el terror criminal de la izquierda y el caviarato, en una “epopeya liberadora” que se debe proteger, y transformando el heroísmo de los soldados de la patria en una villanía que el relato oficial pretende exterminar.
“Es hora de dar la batalla por la verdad histórica y labor primordial del nuevo gobierno y poder legislativo que es, reparar la imagen, compensar y reconocer en los textos de historia del Perú, además de inmortalizar en monumentos, a los verdaderos héroes de la patria, la democracia y la peruanidad, rindiéndoles en estas fiestas patrias y para la eternidad, los honores y reconocimiento que el Perú les debe”.
¡COMUNISMO Y TERRORISMO NUNCA MÁS EN EL PERÚ, LUCHEMOS POR ESO!
