El éxito del gobierno dependerá menos de la contundencia de los anuncios y del reloj simbólico que la presidenta puso en marcha, que de su capacidad real para convertir esas promesas en resultados concretos durante los primeros meses de gestión.
El primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori tuvo un objetivo claro: transmitir la idea de que su gobierno busca devolver estabilidad a un país que ha tenido ocho presidentes en la última década. La mandataria, que asumió la presidencia para el periodo 2026-2031 en una sesión solemne del Congreso bicameral, proyectó autoridad y decisión, concentrando su mensaje en la seguridad ciudadana, la reactivación económica, la inversión privada, la infraestructura y la modernización del Estado.
Uno de los elementos más llamativos del discurso fue el énfasis en la velocidad de ejecución. La presidenta fijó el tono de su administración con una imagen de precisión cronométrica al advertir que «a partir de este momento se inicia un cronómetro irreversible»;, en referencia a los 1.826 días de su mandato, durante los cuales cada ministerio, región y funcionario deberá trabajar con metas medibles y rendición de cuentas constante. Ese mensaje busca romper con la lógica del anuncio sin plazos, tan común en discursos presidenciales anteriores, e instalar una cultura de resultados verificables.
En la misma línea, anunció un proceso de desregulación para simplificar trámites y liberar al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas, junto con la creación de una Autoridad Nacional Digital y una identidad digital para cada peruano respaldada en inteligencia artificial. También adelantó una reforma del sistema de compras públicas —que representa cerca de una cuarta parte del gasto nacional— con el fin de agilizar procesos y reducir la discrecionalidad.
Entre los aciertos del discurso destaca que identificó con precisión los problemas que más preocupan a los peruanos: la inseguridad, la extorsión, el crimen organizado y la desaceleración económica fueron colocados como prioridades nacionales, en línea con lo que gremios empresariales y sindicales venían reclamando en los días previos. La mandataria fijó siete objetivos de gobierno con anuncios concretos, entre ellos un bono compensatorio para las micro y pequeñas empresas y el compromiso de elevar la remuneración mínima vital, aunque sin precisar la fecha de su entrada en vigor.
El primer reto a afrontar es financiero: medidas como los nuevos penales, el refuerzo policial y militar contra el crimen organizado y la ampliación de infraestructura demandarán varios miles de millones de soles, en un contexto de estrechez fiscal que obliga a priorizar. El segundo es institucional: enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico exige coordinar a las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, un engranaje que históricamente ha mostrado fricciones. El tercero es climático: el fenómeno de El Niño amenaza con golpear a sectores como la pesca y la agricultura justo cuando el gobierno intenta reactivar la economía.
El cuarto, quizá el más determinante, es político: la gobernabilidad. Aunque Fujimori llamó a la reconciliación y rechazó la idea de un país dividido, el fujimorismo continúa generando opiniones muy divididas, y buena parte de la ciudadanía observa al nuevo gobierno con desconfianza.
Si el gobierno logra combinar la promesa de velocidad con resultados visibles en seguridad, empleo e infraestructura, podría capitalizar rápidamente respaldo ciudadano. El contexto internacional —con énfasis en APEC, Medio Oriente e Iberoamérica— ofrece además ventanas para atraer inversión. Pero el propio ritmo acelerado que la presidenta se ha impuesto puede jugar en su contra: cualquier retraso o incumplimiento será más visible y más costoso políticamente que si no hubiera fijado un cronómetro público.
En conjunto, el discurso fue sólido en el diagnóstico, ambicioso en el ritmo prometido y débil en el detalle de la ejecución. El éxito del gobierno dependerá menos de la contundencia de los anuncios y del reloj simbólico que la presidenta puso en marcha, que de su capacidad real para convertir esas promesas en resultados concretos durante los primeros meses de gestión.
