Lo único que ha cambiado en este largo y turbulento periodo es que ahora no se encuentra en la presidencia Nicolás Maduro, personaje siniestro y corrupto, recluido en una cárcel de Nueva York, sino su lugarteniente, Delcy Rodríguez
Los dos violentos terremotos que sacudieron Venezuela, con devastadoras consecuencias humanas y materiales, redujeron a segundo plano la desgracia de un país gobernado desde hace 27 años por el chavismo, periodo en el que la dictadura encarceló, torturó y asesinó a docenas de seres humanos, impulsando la migración de ocho millones de personas, un millón y medio de ellas hacia el Perú.
Lo único que ha cambiado en este largo y turbulento periodo es que ahora no se encuentra en la presidencia Nicolás Maduro, personaje siniestro y corrupto, recluido en una cárcel de Nueva York, sino su lugarteniente, Delcy Rodríguez, mujer cabildera y manipuladora, que acepta de buen talante oficiar de pelele o marioneta del presidente Trump, lo cual dice mucho de su pragmática indignidad.
Para aferrarse al cargo y no correr el penoso final de su antecesor, permite que Estados Unidos coadministre la riqueza petrolera, repartiéndose los ingresos, y autoriza la inversión de capitales estadounidenses en la exploración y explotación de hidrocarburos, actividades que estaban reservadas exclusivamente al Estado.
Sin embargo, toda la estructura del poder mafioso sigue intacta porque el chavismo controla la Asamblea Nacional, el Poder Judicial, la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, las Fuerzas Armadas, la Policía Bolivariana, los servicios de inteligencia y los llamados “colectivos”, delincuentes a sueldo, estimados en 60 mil efectivos, cuya misión es disolver a palos o a balazos las manifestaciones opositoras. Leopoldo López, Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado han sufrido esa barbarie represiva, al igual que millares de activistas.
Sin embargo, al magnate republicano solo le interesa hacer negocios petroleros, y las democracias occidentales no se ruborizan al convivir con ese gobierno, a pesar de las atrocidades que comete, entre ellas mantener a 387 presos políticos y negarse a convocar elecciones.
Debería rehabilitarse la Asamblea Nacional de 2015, con amplia mayoría opositora, y validarse las elecciones de 2024, que ganó el socialdemócrata Edmundo González Urrutia con el 70 % de los votos, conforme reconocieron las comisiones de derechos humanos de la ONU, la OEA y la Comunidad Europea.
Marco Rubio, el poderoso secretario de Estado norteamericano, tiene a su cargo esa tarea, compleja pero indispensable para sanear a un país lastrado por el autoritarismo. Y una prueba del cambio de modelo sería garantizar el regreso a su patria de la lideresa y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado.
En esta historia sórdida y maléfica tienen complicidad regímenes autoritarios de la región, como Cuba y Nicaragua, y, del mismo modo, también son responsables los gobiernos que mantienen un silencio cómplice y prefieren callar antes que defender principios y valores democráticos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en la de la Organización de los Estados Americanos, así como en numerosos pactos supranacionales.
