Para un sector mayoritario de la población, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han generado escandalosas fracturas en los valores de honestidad, justicia y transparencia
Nadie va a venir al Perú a salvarnos; tenemos que «salvarnos nosotros mismos”. Sin embargo, hay batallas que exceden la capacidad del ciudadano común y requieren ayuda “desde arriba”, ya sea divina, política o militar. Ningún pueblo puede salvarse únicamente con discursos, indignación o deseos de cambio si las estructuras de poder permanecen capturadas por intereses corruptos e ideológicos. Esa reflexión se sustenta en lo que la mayoría de los peruanos sentimos hoy frente a la profunda crisis política, institucional y moral que atraviesa el Perú.
Solo nosotros, los peruanos, como fuerza ciudadana, podemos alzar la voz en nuestras comunidades, en legítima defensa y contra este repetido “fraude electoral”. Todo depende de la participación activa de los ciudadanos. Ya se han denunciado las inconstitucionalidades, ilegalidades e irregularidades, así como la exigencia de nulidad de las mismas. ¡Es nuestro derecho exigir procesos electorales transparentes y no resignarnos a la apatía!
Una sociedad no puede derrotar sola a las grandes redes de corrupción, manipulación y crimen organizado en el Perú. La mayoría de los ciudadanos percibe que enfrenta un sistema político y electoral corrupto, copado por mafias ideológicas, donde la criminalidad y la impunidad han alcanzado niveles históricos. Para un sector mayoritario de la población, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han generado escandalosas fracturas en los valores de honestidad, justicia y transparencia, además de la sensación de que la voluntad popular puede ser vulnerada por intereses ideológicos, económicos e internacionales.
No basta con que el pueblo “despierte” si quienes controlan el Estado no actúan con justicia, principios y transparencia. El Perú vive una batalla entre una ciudadanía que exige recuperar el orden, la soberanía y los valores nacionales, frente a un gobierno hamponil y a instituciones alejadas de las verdaderas necesidades del país.
Los límites de la ciudadanía ante las criminales operaciones de corrupción del gobierno y sus instituciones electorales y judiciales son tan grandes que los ciudadanos comunes no podemos desmantelarlas, ya que no contamos con medios para frenar las acciones de esta mafia estatal. Muchos consideran que el fraude electoral y la imposición de un proyecto comunista no pueden ser detenidos únicamente con marchas o protestas; se requiere una suma de acciones institucionales.
Ante el rol delincuencial de las autoridades competentes, los ciudadanos, sin líderes políticos justos y sin Fuerzas Armadas comprometidas con la Constitución, sienten que sus reclamos, acciones y esfuerzos no tendrán un efecto duradero. La condición actual parece clara: si las “instituciones garantes” permiten que se concreten resultados considerados fraudulentos, el pueblo queda desarmado frente a un poder ilegítimo.
Nuestra condición espiritual, como nación eminentemente católica, también sostiene que el hombre no puede derrotar por sí solo fuerzas demoníacas. Esto se traduce en la idea de que la lucha contra el fraude y contra un gobierno comunista no es solo política, sino también moral y espiritual; requiere fe, valores y principios que trasciendan la coyuntura. Debemos reconstruir las instituciones desde valores patrióticos, éticos y democráticos, evitando que el poder permanezca en manos de grupos radicales, mafias políticas o proyectos ideológicos contrarios al bien común de la nación.
La verdadera fortaleza de una nación surge cuando el pueblo se organiza, participa, fiscaliza, educa y actúa con convicción moral. La lucha contra la corrupción, la manipulación política o cualquier intento de control ideológico no depende solamente de líderes o instituciones, sino también de ciudadanos conscientes y comprometidos con el destino de su patria.
La corresponsabilidad que todos tenemos ante esta situación marca el camino a seguir: primero, el pueblo, en su resistencia y organización; luego, los políticos, en su honestidad y servicio; y los militares, en la defensa de la soberanía, la Constitución y la democracia como sus garantes; y Dios, como guía supremo de nuestra fe. En el Perú de hoy, solo con esa conjunción podrá evitarse que la voluntad popular sea nuevamente vulnerada.
En resumen, el pueblo y sus “instituciones garantes”, unidos, son los elementos esenciales para enfrentar lo que muchos consideran un nuevo “golpe de Estado electoral”, además de la inminente amenaza a nuestra seguridad nacional, hoy bajo asedio de ideologías extremistas e intereses de terceros países e instituciones foráneas que, según diversos sectores, respaldan al actual gobierno.
El país se encuentra en una encrucijada histórica: o recupera la confianza en la verdad, la transparencia y la participación ciudadana, o continúa profundizando una crisis en la que, como hoy muchos perciben, la democracia, el derecho y la justicia son solo una apariencia vacía, o más bien, una burda pantomima.
¿NOS SALVAREMOS?
Ante esta grave situación, las Fuerzas Armadas, último bastión de defensa de la democracia y la Constitución, aún no se ha pronunciado. Eso preocupa y resulta extremadamente grave.
