El mensaje debe ser inequívoco: el Estado protegerá al policía honesto y separará, con debido proceso, al que haya puesto su autoridad al servicio del crimen.
La ratificación del general Óscar Arriola al frente de la Policía Nacional, después de varios días de versiones contradictorias y severos cuestionamientos, vuelve a concentrar la discusión en una sola persona. Las denuncias deben ser esclarecidas, sin condenas anticipadas. Pero su permanencia o eventual salida no resolverá el problema de fondo. Ningúna autoridad, por sí sola, puede sanear o o perforar una institución extensa, jerarquizada y expuesta durante décadas a la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y otras formas de criminalidad organizada.
Todos lo saben pero pocos hablan del problema que no es únicamente quién dirige la Policía, sino quiénes, dentro de ella, continúan siendo dignos de la misión, la autoridad, las armas y la información que el Estado les entrega. Ni el gabinete Galarreta, emisario del nuevo gobierno, puso el dedo en la llaga, solo repitió promesas y ofertas a sabiendas que el problema existe y es central.
Guatemala, Colombia y Honduras demuestran que la depuración policial es indispensable, pero también que puede fracasar si es una purga improvisada, politizada o limitada a separar efectivos sin transformar los mecanismos que permitieron su infiltración. La experiencia guatemalteca mostró, además, la utilidad de contar con la cooperación de las Naciones Unidas para investigar redes que las instituciones nacionales no podían enfrentar solas.
El Perú necesita su propio mecanismo, adecuado a la Constitución y alejado de la revancha política: un Sistema Nacional de Integridad Policial permanente, progresivo e independiente.
Su primer componente podría ser una evaluación aleatoria. Mediante un sorteo público y auditables se seleccionarán periódicamente grupos de oficiales y suboficiales. La muestra tendría que comprender todos los grados, regiones, especialidades y unidades. Así se impediría que el gobierno de turno escogiera adversarios o protegiera aliados. Todos sabrían que pueden ser evaluados; nadie conocería anticipadamente cuándo y quiénes.
Pero el azar no sería suficiente. Una organización criminal podría quedar fuera de una muestra durante años. Por ello, el sorteo debe complementarse con evaluaciones dirigidas por indicadores objetivos de riesgo: incremento patrimonial no explicado, reiteración de denuncias consistentes, permanencia anormal en puestos sensibles, intervenciones frustradas de manera recurrente, pérdida de evidencias, filtración de operativos, relaciones incompatibles con la función o desproporción entre ingresos y nivel de vida.
La evaluación debería revisar declaraciones de bienes, rentas e intereses; evolución patrimonial; trayectoria profesional y disciplinaria; destinos ocupados; participación en investigaciones sensibles; cumplimiento de protocolos; y posibles conflictos de intereses. La Contraloría podría cruzar la información patrimonial con la Sunat, la Unidad de Inteligencia Financiera y los registros públicos, siempre dentro de las competencias legales y con autorización judicial cuando corresponda.
También podrían establecerse pruebas de integridad aleatorias y dirigidas, utilizadas en otros sistemas policiales, reguladas por ley, con autorización y supervisión externas y evitar cualquier forma de provocación delictiva. El objetivo es verificar la reacción del efectivo ante una situación de posible soborno, filtración o abuso de autoridad, no fabricar culpables.
La Ley 30714 ya establece un régimen disciplinario y reconoce el debido procedimiento, la imparcialidad y la presunción de licitud. Pero una depuración de esta magnitud exige vigilancia externa. Una comisión civil autónoma con representantes de la Contraloría, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y especialistas independientes. Una misión internacional de asistencia técnica, preferentemente de las Naciones Unidas, reforzaría la metodología, la protección de investigadores y la credibilidad pública.
La depuración no es solo expulsar, debe incluir rotación periódica en unidades de alto riesgo, protección efectiva a denunciantes, trazabilidad digital de evidencias, revisión de accesos a información reservada, capacitación ética, mejores condiciones profesionales y certificaciones periódicas de integridad. El policía que supere la evaluación debe recibir reconocimiento institucional y garantías contra represalias. Limpiar la Policía significa recuperar el Estado y, ante todo, proteger a los policías honestos.
Quien presente inconsistencias no debe ser declarado culpable automáticamente. Corresponde una investigación con acceso al expediente, derecho de defensa, decisión motivada y apelación. Si aparecen indicios de delito, el caso pasará al Ministerio Público. Si no se acredita responsabilidad, el efectivo conservará plenamente sus derechos. Sin estas garantías, la depuración se convertiría en instrumento político y perdería legitimidad.
Luchar contra la criminalidad organizada exige firmeza y liderazgo, honestidad y compromiso. Sin medias tintas ni estados de emergencia interminables, menos aún una militarización permanente de la seguridad. Las Fuerzas Armadas pueden prestar una colaboración pero la competencia está en la Policía Nacional. su está infiltrada por el enemigo no nos sirve.
La Declaración de Santiago suscrita el año pasado en Chile, podría ser el marco regional para compartir inteligencia, rastrear patrimonios ilícitos y obtener cooperación internacional. Pero ningún sistema latinoamericano funcionará si cada país incorpora policías infiltrados a una red común de información.
Ni cacería ni cambio de nombres en la cúpula. Necesitamos que toda la Policía sepa que su integridad puede ser examinada con criterios iguales, procedimientos imparciales y pruebas verificables. El mensaje debe ser inequívoco: el Estado protegerá al policía honesto y separará, con debido proceso, al que haya puesto su autoridad al servicio del crimen.
La legislación peruana ya permite fiscalización selectiva de declaraciones juradas y la Contraloría incluso ha desarrollado herramientas para mejorar la selección de muestras; por tanto tenemosa base institucional aprovechable. Las pruebas de integridad pueden ser aleatorias o dirigidas, pero requieren base legal, autorización y salvaguardas contra la provocación ilícita. La Ley 30714 exige debido procedimiento, imparcialidad, causalidad y presunción de licitud; esos principios blindan esta propuesta frente a la acusación de “purga”. Que el nuevo gobierno demuestre que cumple con el cambio que todos esperamos.
