PIURA: PLANTEAN UNIFICAR LAS DEMANDAS DE LOS POBLADORES
Vecinos no encuentra alternativas en el Ejecutivo ni en candidatos frente a la inseguridad y crímenes generada por delincuentes venezolanos, la falta de agua potable que afecta a 300 mil pobladores y que el Ejecutivo no tome en serio la construcción del hospital de Alta Complejidad.
II
A puertas de las elecciones regionales y municipales 2022, Piura no ve en sus candidatos propuestas realistas para enfrentar los tres problemas más urgentes que enfrenta: inseguridad en las calles generada por bandas armadas, escasez de agua potable que afecta a no menos de 300 mil vecinos, y el desinterés del gobierno de Pedro Castillo para la construcción del hospital Alta Complejidad.
Representantes de organizaciones barriales y colectivos plantean que frente a los maltratos que sufre Piura por parte del régimen, se impone canalizar tales demandas en un petitorio único que contemple la inseguridad, la falta de agua potable y la construcción del hospital de Alta Complejidad.
Pero hay otro elemento que los aspirantes a los cargos de elección popular no tocan: la corrupción. En efecto, un análisis elaborado por los alumnos del curso Sociedad y Política, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP, da cuenta que los planes de gobierno de los 13 candidatos regionales no recogen ninguna de las 27 acciones de lucha contra la corrupción.
Ocho de las agrupaciones apenas asumen el 37% de las acciones y solo dos de ellas incorporan en sus planes alrededor del 50% de medidas para enfrentar este delito que tiene que ver con el mal uso de los recursos públicos y que es transversal tanto en el gobierno central como en las administraciones locales.
INSEGURIDAD Y MUERTE
Hace poco el alcalde provincial, Juan Díaz Dios, hizo un llamado al presidente Castillo Terrones para disponga declarar en emergencia a la región debido al alto índice de violencia homicida y otros delitos afines que desde inicios de años ya deja más de cien muertes, cuya autoría es atribuida a delincuentes de nacionalidad venezolana y colombiana en complicidad con bandas locales.
Díaz Dios declaró a la prensa que la población es la más indicada para presionar a las autoridades y convencerlas de que se unan para pedir la declaratoria de emergencia.
La autoridad edilicia admitió que “es complicado para mí hacer una gestión ante el Ministerio del Interior porque a cada rato cambian a los ministros. Yo estoy en esta lucha, pero me siento solo y creo que la población piurana es la llamada para presionar y que las demás autoridades se pronuncien”.
Sin embargo, a pesar de la situación delicada generada por la delincuencia que tiene en su mira a restaurantes, lugares campestres y bodegas de todo tipo, además del incremento de la venta de drogas y prostitución, los parlamentarios piuranos han hecho muy poco para exigir al Ejecutivo que declare la región en emergencia.
ESCASEZ DE AGUA POTABLE
Hace dos días, delegaciones de vecinos de 96 asentamientos humanos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre marcharon hacia la Municipalidad de Piura para exigir al burgomaestre agua potable, un mal que ya lleva más de 10 años y que cada día se agudiza.
Pero la escasez del servicio no solo se da en los asentamientos humanos, sino en zonas céntricas de la ciudad donde lo suspenden desde las cinco de la tarde. “La inseguridad y la falta de agua potable están atentando contra la economía de miles de emprendedores, pequeños empresarios y comerciantes”, declaró a Guik.pe uno de los pobladores del sector Buenos Aires.
“En general, la delincuencia y la ausencia de medidas para evitar el éxodo descontrolado de venezolanos al norte del país, que huyen de la dictadura chavista de Nicolás Maduro, ha colapsado los servicios públicos, afecta el turismo que ha descendido notablemente en los últimos meses, generando cuantiosas pérdidas a propietarios de hoteles y casas de alojamiento familiar”.
La presidenta de Juveco (junta vecinal) de Nuevo Horizonte de Castilla, Vilma Luján, refirió que ya cuentan con un proyecto, pero que la licitación se viene postergando y se vence el 25 de octubre. “Somos familias que necesitamos agua y alcantarillado. Nosotros pedimos algo que nos corresponde por derecho, vivir con servicios básicos”, sostuvo.
¿Y EL HOSPITAL?
De otro lado, a las demandas anteriores, se suma el pedido para la construcción del hospital de Alta Complejidad, pedido del cual Castillo Terrones tiene conocimiento pero que por desconocimiento de lo que significa un nosocomio de este tipo para Piura y Tumbes, no le da importancia o carece de decisión política.
Hace poco, en una de sus homilías, el arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor José Antonio Eguren Anselmi, fustigó con dureza al gobierno central por la falta de interés para gestionar un proyecto en beneficio de la población.
En aquella oportunidad, Eguren hizo mención a que no es posible que siendo Piura la cuarta región que contribuye al erario nacional, sea discriminada por el Ejecutivo. “La región que padece con un sistema de salud obsoleto “merece respeto y no discriminación. ¡Basta ya de maltratos a Piura!”, sentenció.
Las asociaciones y gremios que participaron en la marcha del 8 de julio pasado, emitieron un pronunciamiento para exigir a Castillo la asignación de recursos para la construcción del citado nosocomio que beneficiará a la población de Tumbes y Piura.
El documento fue suscrito por 32 instituciones, gremios y colectivos, entre ellos el Arzobispado, Vigilia Ciudadana, Cámara de Comercio, CGTP Piura, los colegios de Enfermeros, Ingenieros, Médico y Obstetras. También se sumaron congresistas, Diaconía para la Justicia y la Paz, Fonop, Fenutssa, Juveco Tacalá, UDEP, UNP, Federación Médica y Defensoría, entre otras instituciones