MANIOBRA DIPLOMÁTICA
Por Luis Gonzales Posada.
En su último día en nuestro país, los comisionados de la OEA fueron testigos de furibundos ataques del Gobierno contra el Congreso, la Fiscalía y la oposición, continuando una tóxica escalada confrontacional que soslaya las recomendaciones del propio organismo interamericano para reducir la corrosiva crisis que afecta a todos los peruanos.
Más aún, esa escalada se ha incrementado con la renuncia del primer ministro, que exigía derogar la ley que establece que un referéndum sólo puede realizarse previa aprobación del Congreso, posición que comparte el Tribunal Constitucional y sobre la norma que regula la cuestión de confianza.
Al régimen, empero, no le interesa un entendimiento democrático, sino mantener al tope los enfrentamientos con instituciones y personalidades, para victimizar al mandatario y desviar la atención pública sobre los graves problemas judiciales que enfrenta.
Precisamente fue el patio de honor de Palacio de Gobierno el escenario donde el presidente convocó a campesinos, ronderos y licenciados de las Fuerzas Armadas, todos pertenecientes a su panaca política, que vociferaban por el cierre del Parlamento y la convocatoria a una asamblea constituyente, propuestas que Castillo escuchó con entusiasmo y deleite, amenazando “tomar algunas medidas conjuntamente con el pueblo” sino se respetaba su voluntad; es decir, si no aceptaban las ilegales peticiones de sus barras bravas.
En otro ambiente, ese mismo día el ahora renunciante premier Aníbal Torres volvió a cargar contra la fiscal de la Nación, preguntando “quién debe estar en la cárcel”, en clara referencia a difamatorias imputaciones que hace contra la magistrada Patricia Benavides, a quien acusa de pertenecer a un cartel del narcotráfico, maniobra tracalera para desprestigiar el contenido de las carpetas fiscales que entregó a la representación nacional.
En ese contexto, los comisionados también deben haberse informado que las actuaciones del Legislativo, Ministerio Público y Poder Judicial se realizan en el ámbito de su competencia jurisdiccional, respetándose el debido proceso, mecanismo que incluye escuchar los descargos del mandatario y otros implicados. Y, asimismo, conocieron que las denuncias sobre corrupción contra el jefe de Estado y sus allegados fueron formuladas por ex miembros del Gobierno, como registran los testimonios del secretario y subsecretario general de la presidencia de la República, Bruno Pacheco y Beder Camacho respectivamente, así como de otros funcionarios del régimen.
No menos significativo resultaron las confesiones del ex ministro del Interior y del comandante general de la Policía, Alfonso Chávarry y Vicente Tiburcio, pasados al retiro por negarse a cumplir la orden presidencial de no buscar a sus sobrinos prófugos; o de los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea, José Vizcarra Alvarez y Jorge Luis Chaparro, desaforados por no ascender a oficiales que no habían sido considerados en los cuadros de méritos de sus instituciones.
Sobre la actuación del grupo de alto nivel de la OEA, sus miembros dejan una impresión negativa (o, al menos, dudosa) por oponerse a que las sesiones sean públicas y, peor aún, por no invitar a dialogar a representantes de los medios de prensa o a la Junta Nacional de Justicia, a quienes el régimen tilda de corruptos y de complotar para vacar al presidente. Contrario sensu, si tuvieron tiempo para recibir a la señora Lourdes Huanca, Presidente de la Federación de Mujeres Campesinas, líder de una portátil oficialista que exige la clausura del Congreso.
Y en relación al proyectado golpe de Estado, los comisionados no encontraron ninguna señal, salvo humo, porque se trató de una pérfida maniobra diplomática urdida por el canciller Landa, el embajador Forsyth y otros funcionarios al servicio del Gobierno, incluyendo al secretario general del organismo hemisférico, Luis Almagro, que así han intentado victimizar al gobernante peruano.
En resumen, la denuncia presentada a la OEA fue una deplorable y torpe farsa.