CONGRESO: PLENO APRUEBA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA VIZCARRA
En la cuerda floja. El pleno del Congreso acordó esta tarde acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia vinculados al caso de las contrataciones irregulares del artista Richard Cisneros, más conocido como ‘Richard Swing’.
El referido informe final – que fue aprobado por 85 votos a favor, cero en contra y 4 abstenciones- será ahora devuelto al Ministerio Público a fin que proceda de acuerdo con sus atribuciones.
Mediante la acusación constitucional- que fue presentada en su oportunidad por la propia Fiscalía de la Nación- se establece que Vizcarra favoreció la contratación del cantante en el Ministerio de Cultura, pese a no contar con el perfil requerido.
De acuerdo con la investigación de la fiscalía, Martín Vizcarra se habría reunido indebidamente con Cisneros Carballido para ofrecerle un contrato en el Ministerio de Cultura.
Además, se le imputa al expresidente haber coordinado la declaración que debían presentar los testigos de este caso ante las autoridades, tal como lo confirmarían una serie de audios difundidos en su momento.
Durante la sustentación de la denuncia constitucional, la parlamentaria Lady Camones, dijo que “si bien Vizcarra ha dicho que nunca se ha reunido con Cisneros, ha quedado demostrado en los hechos el grado de cercanía entre ambos”.
Explicó que, debido a las pruebas proporcionadas por una denunciante ante el Ministerio Público, se puede colegir que el exmandatario se encuentra inmerso en los (presuntos) delitos que se le imputan. También dijo que también está acreditado que se reunión con Cisneros en Palacio de Gobierno antes de que este fuera contratado por el Estado.
CONGRESISTA SUSPENDIDA
Por otro lado, la representación nacional acordó suspender a la congresista María Codero Jon Tay y levantarle la inmunidad de la parlamentaria a fin de que sea procesada a nivel judicial por el presunto delito de concusión vinculado a la denuncia que la señala como responsable de haberle recortado el sueldo a sus trabajadores.
La suspensión impuesta será por el tiempo que duren las investigaciones fiscales en su contra. Sin embargo el pleno del Congreso desestimó la propuesta para que sea inhabilitada en el ejercicio de la función pública por 10 años.