El informe emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas con relación al caso de Pedro Castillo Terrones; no constituye una decisión obligatoria para el Estado peruano y, en consecuencia, no puede ser utilizado como sustento jurídico para beneficiar al exmandatario con la gracia presidencial.
consideró “insultante” que el informe “no reconozca los hechos ocurridos durante el mensaje presidencial en el que Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas excepcionales”.
Así lo dejó en claro el excanciller de la República, Hugo de Zela, quien indicó que el documento tampoco representa la opinión de la ONU y no es una resolución oficial de dicha organización.
En declaraciones a Canal N, el exministro de Relaciones Exteriores indicó que el referido informe tampoco fue aprobado de manera unánime por todos los miembros de la citada comisión, en la medida que dos de sus integrantes emitieron un voto discrepante.
De igual manera, indicó que el grupo de trabajo omitió analizar aspectos fundamentales del proceso judicial contra Castillo, entre ellos el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
«El informe no aborda los argumentos de la Corte Suprema ni del Tribunal Constitucional. Se limita a presentar lo ocurrido como un ejercicio de libertad de expresión, cuando millones de peruanos vimos un intento de quebrar el orden constitucional», precisó.
Al respecto, consideró “insultante”que el informe“no reconozca los hechos ocurridos durante el mensaje presidencial en el que Castillo anunció la disolución del Congreso y otras medidas excepcionales”.
Respecto al tema de la gracia presidencial en sí, recordó que la Constitución Política del Perú establece requisitos específicos para este tipo de medidas y que el caso de Castillo no se encuentra dentro de dichos supuestos.
En ese sentido, precisó que si el Ejecutivo actuara al margen de la Carta Magna en el caso de Castillo Terrones, tanto el Presidente de la República como los funcionarios que refrenden la decisión podrían afrontar responsabilidades constitucionales y penales.
