(El Montonero).- Nadie puede dudar acerca de que la nueva administración de Keiko Fujimori tendrá que desarrollar una verdadera épica para enfrentar la devastación que causará el fenómeno de El Niño y El Niño global, no solo por la intensidad y dureza del evento climático, sino también porque el Estado está en anarquía, desorganizado y destruido. Hoy el Estado es una planilla abultada sin funcionarios. Por ejemplo, en los huaicos del sur los helicópteros no podían volar por falta de mantenimiento. Hubo que esperar cinco horas para que llegaran las naves de Lima.
Transformar el Estado para enfrentar las urgencias de evento climático
Las proyecciones de posibles damnificados son brutales. Se prevé que más de 1.2 millones de peruanos serán afectados, sobre todo los que viven en las laderas de los cerros y las orillas de las quebradas que se activarán. Las regiones de Piura y Lambayeque concentran el 70% de los posibles afectados y el Ejecutivo corre contra el tiempo para descolmatar 300 kilómetros de cauce de los ríos de la costa. Y todos concluyen que el evento climático mantendrá una magnitud entre fuerte y extraordinaria a finales de este año y el verano siguiente.
En la seguridad ciudadana, igualmente, las cifras de la emergencia son aterradoras. Por ejemplo, en el 2025 el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registró más de 2,200 homicidios, con una proyección de 10.7 ciudadanos asesinados por 100,000 muertes. Sin embargo, más allá de que la Policía Nacional del Perú (PNP) reporte una efectiva disminución en las tasas de homicidios y extorsiones, la ola criminal sigue sin control.
Para enfrentar esta emergencia superlativa es evidente que el Ejecutivo necesita de las facultades para legislar en estas materias. Pero es incuestionable que la atención y la emergencia no pueden esperar y, tarde o temprano, el Gobierno echará mano de los decretos de urgencia, en la medida que los problemas de El Niño y la seguridad ciudadana se vinculan a la emergencia de la economía y las finanzas.
Cuando el Ejecutivo promulgue decretos de urgencia, ¿qué estará haciendo para enfrentar las adversidades que golpearán a los peruanos? Hoy existe un consenso acerca de que el Estado está destruido; por eso es incuestionable que a través de esa legislación de emergencia se estará transformando el Estado. En otras palabras, para atender la emergencia se necesita el borrador de otro Estado, con trámites más simplificados, con menos burocracia y con el objetivo claro de servir a la sociedad, a la ciudadanía y a la inversión privada. De lo contrario, las geomallas compradas varios años atrás para levantar riberas en los ríos seguirán oxidándose en los almacenes –tal como lo denunció la presidente Fujimori– por la falta de un trámite o la aprobación de la burocracia.
El mismo razonamiento vale para enfrentar la crisis de seguridad ciudadana. En realidad, una coordinación eficiente entre el Ejecutivo, el INPE, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas implica reformas de leyes y códigos procesales, pero también un nuevo protagonismo de la jefatura de Estado para desarrollar las convergencias institucionales que reclama la Constitución. Es decir, otro tipo de Estado, alejado de la anarquía y la desorganización.
Enfrentar emergencias desarrollando reformas parece ser la constante de todos los países que lograron convertir las adversidades en posibilidades de transformación. Salvando las distancias, así sucedió en Japón luego de la Segunda Guerra Mundial. En los años noventa, por ejemplo, el presidente Alberto Fujimori y Carlos Boloña desarrollaron una de las reformas más audaces en la economía y la sociedad de los países emergentes de ese entonces. Luego de tres décadas hoy el Perú debería estar alcanzando el ingreso per cápita de un país desarrollado; sin embargo, la involución empezó con el gobierno de Ollanta Humala, se paralizaron inversiones, se burocratizó el Estado y, entonces, llegó Pedro Castillo.
Aunque parezca lo contrario, las posibilidades de enfrentar con éxito la emergencia están indisolublemente ligadas al inicio de las reformas.
