¿Por qué Surco y la FAP debería negociar en base a sus intereses antes de que un sismo nos ponga a prueba?
El fin de semana del 25 de abril acudí, como cientos de ciudadanos, a la Base Aérea Las Palmas en Surco para disfrutar de exhibiciones de acrobacia y tecnología militar de la FAP y la USAF, al regresar leí una publicación en Guik titulada “Surco: Cuando la fiscalización se convierte en arma política”. Todo parece indicar que hay una disputa o conflicto entre la Municipalidad de Surco, liderada por uno de los mejores de Lima, y la Fuerza Aérea del Perú – FAP. Aquí comparto algunas ideas sobre la situación actual y como se podría abordar esta situación.
Las partes, la historia y la raíz del conflicto
Este conflicto enfrenta a dos actores estatales de muy distinta naturaleza. De un lado, la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, un gobierno local liderado por el alcalde Carlos Bruce, cuya autoridad emana del voto popular y cuya legitimidad se mide en su capacidad para responder a las necesidades cotidianas de los vecinos de uno de los distritos más poblados y de mayor poder adquisitivo de Lima Metropolitana. Del otro lado, la Base Aérea Las Palmas, una instalación de la Fuerza Aérea del Perú, que no rinde cuentas al vecindario sino al Estado Mayor de la FAP y, en última instancia, al Ministerio de Defensa, con un mandato constitucional vinculado a la defensa nacional y la seguridad del país.
El conflicto no es reciente, pero ha escalado de manera peligrosa en los últimos meses. Para entenderlo en profundidad, hay que remontarse a los antecedentes históricos. Hace varios años, la Fuerza Aérea cedió a la municipalidad ciertos terrenos de su propiedad bajo condiciones muy claras y explícitas: dichos terrenos debían ser utilizados exclusivamente para fines ecológicos, sin ningún tipo de explotación comercial. Sobre esa base, la municipalidad impulsó un proyecto denominado «Voces por el Clima», que en apariencia se alineaba con esos fines ambientales.
Sin embargo, según denuncia el artículo de opinión escrito por el coronel de la FAP Alexandre Ridoutt Agnoli, con el tiempo la municipalidad habría desnaturalizado esa cesión. Lo que debía ser un espacio para la educación ambiental o la conservación ecológica habría comenzado a destinarse a actividades con fines de lucro, es decir, explotación comercial. Este es, para la FAP, el origen real del conflicto. Ante esa situación, la institución castrense ejerció un derecho que considera básico: solicitar la reversión del bien, es decir, que los terrenos vuelvan a manos de la Fuerza Aérea, ya que la municipalidad habría incumplido las condiciones pactadas.
La reacción del municipio, lejos de ser la regularización voluntaria o la devolución pactada, fue el inicio de una escalada de confrontación. En lugar de sentarse a negociar, la municipalidad optó por endurecer su postura y desplegar una serie de acciones de fiscalización que, desde la perspectiva de la FAP, tienen un claro tinte de represalia política.
Las causas del conflicto: mucho más que ruido
En apariencia, el conflicto tiene dos causas principales. La primera y más visible es el impacto sonoro que generan las operaciones aéreas de la base. Los vecinos de Surco, especialmente aquellos cuyas viviendas se encuentran cerca de la pista, se quejan constantemente del ruido de los aviones, tanto en entrenamientos rutinarios como en maniobras especiales. Ese malestar vecinal es un problema real y legítimo que cualquier autor municipal no puede ignorar. El alcalde Bruce ha hecho de esta bandera una de sus principales herramientas de gestión y comunicación política.
La segunda causa, menos visible para el ciudadano común pero mucho más compleja, es el conflicto por el uso de los terrenos cedidos. La FAP sostiene que la municipalidad los está usando para fines comerciales, lo que vulnera el acuerdo original. Frente a ello, la FAP exige la reversión. La municipalidad, a su vez, no solo se niega sino que responde con una ofensiva fiscalizadora.
Pero hay un tercer elemento que el artículo revela como el detonante más reciente y grave: el caso del Fundo Odría. Se trata de un complejo que contaba con un Certificado ITSE (Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones) vigente para el período 2025-2027, certificado que había sido otorgado por la propia Municipalidad de Surco tras un proceso formal de inspección y aprobación. Sin embargo, en un momento determinado, la municipalidad realizó una inspección inopinada, es decir, sin previo aviso, y con argumentos que la FAP considera contradictorios, decidió clausurar el establecimiento.
Lo más grave, desde la perspectiva jurídica, es que con esa clausura se desconocía un acto administrativo firme emitido por la propia autoridad municipal. Para la FAP, esto no es fiscalización, sino una desviación de poder, una arbitrariedad que vulnera principios básicos como la legalidad, la predictibilidad, la confianza legítima y el debido procedimiento.
El contexto agrava aún más la percepción de la FAP. Estas acciones ocurren precisamente en la antesala de un festival aéreo programado en la Base Las Palmas, un evento institucional de gran importancia que iba a contar con la participación de aeronaves de alto nivel, como los cazas F-16 recientemente comprometidos en el proceso de modernización de la FAP.
La interpretación que hace la institución castrense es que la municipalidad está utilizando sus herramientas de fiscalización como un arma política para coaccionar, presionar y debilitar la operatividad de la base en un momento de alta visibilidad.
Las posiciones de las partes: lo que cada una dice que quiere
Si nos limitamos a escuchar lo que cada parte declara públicamente, el conflicto parece sencillo. La Municipalidad de Surco, en voz de su alcalde Carlos Bruce, sostiene una posición clara: la Base Aérea Las Palmas genera un impacto sonoro insoportable para los vecinos, y por lo tanto sus operaciones deben ser limitadas o condicionadas.
Además, la municipalidad tiene la potestad de fiscalizar todas las actividades que se desarrollan dentro de su jurisdicción, incluyendo las de una base militar, y ejercerá esa potestad con todo el rigor de la ley. En cuanto a los terrenos, la municipalidad considera que tiene derecho a usarlos conforme a lo pactado, y cualquier intento de reversión es visto como una intromisión indebida.
La FAP, por su parte, sostiene una posición diametralmente opuesta. Para la institución aérea, la Base Las Palmas no es una simple pista de aterrizaje en medio de un barrio residencial. Es un activo estratégico de primera magnitud para la seguridad nacional. La FAP argumenta que Lima se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, y que los geofísicos han advertido sobre el denominado «silencio sísmico» en la costa central: un largo período sin sismos mayores que ha permitido una peligrosa acumulación de energía. Cuando ese sismo esperado ocurra, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en una zona baja, cercana al litoral y vulnerable a la inundación y la licuefacción, podría quedar inoperativo.
En ese escenario de desastre mayor, la Base Las Palmas se convierte en el principal aeropuerto alterno de Lima, indispensable para operaciones de evacuación, puentes aéreos humanitarios, defensa civil y soporte logístico. Por lo tanto, la FAP exige que se respete su plena operatividad, que se detengan las clausuras arbitrarias y que se proceda a la reversión de los terrenos que la municipalidad habría desnaturalizado.
Los intereses profundos: lo que realmente motiva a cada parte
Si aplicamos el modelo de Fisher y Ury, debemos separar las posiciones declaradas de los intereses subyacentes, esas necesidades, deseos o preocupaciones que realmente mueven a cada actor. Aquí es donde el análisis se vuelve más rico y complejo.
Los intereses de la Municipalidad de Surco
Detrás de la posición de «limitar las operaciones por el ruido» se esconden varios intereses profundos. El primero y más evidente es la gobernabilidad y la satisfacción vecinal. El alcalde Bruce ha sido elegido para resolver problemas concretos de su distrito, y el ruido de los aviones es uno de los que genera más quejas recurrentes. Si no hace nada al respecto, su popularidad se erosiona y su capacidad de gobernar se debilita. Su interés fundamental es ser percibido como un líder que protege la calidad de vida de sus representados.
Pero hay un segundo interés, quizás incluso más poderoso: la autonomía y el poder local. La municipalidad quiere demostrar que ninguna institución, ni siquiera las Fuerzas Armadas, está por encima de su autoridad fiscalizadora dentro de su territorio. Si la FAP puede hacer lo que quiera sin rendir cuentas al municipio, entonces se crea un peligroso precedente de impunidad institucional. El interés de Surco es afirmar el principio de que todo aquel que ocupa suelo de su distrito, sea privado, público o militar, está sujeto a las mismas reglas municipales.
El tercer interés, que rara vez se declara abiertamente pero que es fácil de inferir, tiene que ver con los ingresos y el uso del suelo. Los terrenos cedidos a la municipalidad tienen un valor económico inmenso. Si se usan para proyectos comerciales, pueden generar recursos para el municipio. Si se usan para proyectos de alto perfil político, pueden generar réditos electorales. La posibilidad de perder esos terrenos mediante una reversión a favor de la FAP es algo que la municipalidad quiere evitar a toda costa.
Los intereses de la Fuerza Aérea del Perú
Detrás de la posición de «mantener la plena operatividad y revertir los terrenos» también hay intereses profundos. El primero, y el más trascendente, es la seguridad nacional y la gestión de desastres. Para la FAP, la posibilidad de un sismo de gran magnitud que inutilice el Aeropuerto Jorge Chávez no es una hipótesis académica, sino un riesgo concreto y medible. Mantener Las Palmas operativa al cien por ciento es una cuestión de vida o muerte para miles de limeños en un escenario de emergencia. Este interés es irrenunciable y está por encima de cualquier consideración local sobre el ruido o la fiscalización vecinal.
El segundo interés de la FAP es la predictibilidad y el respeto institucional. Los militares están acostumbrados a operar bajo cadenas de mando claras y reglas estables. Que una municipalidad otorgue un certificado ITSE y luego lo desconozca en una inspección inopinada es, para ellos, una muestra inaceptable de arbitrariedad. Su interés es que los actos administrativos sean firmes y que la fiscalización se ciña a criterios técnicos, no políticos.
El tercer interés es la integridad del patrimonio de la FAP. La institución no puede permitir que terrenos de su propiedad, cedidos en confianza para un fin específico, sean utilizados con fines comerciales por un tercero. Eso desnaturaliza la cesión y, además, sienta un mal precedente. Su interés es recuperar el control de sus activos estratégicos o, en su defecto, asegurarse de que se respete estrictamente el destino original de los mismos.
El cuarto interés, más sutil pero igual de relevante, es la autonomía operativa militar. La FAP no puede estar sujeta a los vaivenes del calendario político municipal. Un festival aéreo no puede suspenderse porque un alcalde decida hacer una clausura sorpresiva. Su interés es preservar la independencia funcional de las Fuerzas Armadas frente a actores locales que, desde su perspectiva, no alcanzan a comprender la magnitud de su misión constitucional.
Opciones creativas para satisfacer los intereses de ambos
Si nos limitamos a las posiciones declaradas, el conflicto parece irreductible: la municipalidad quiere menos ruido y más control; la FAP quiere operar sin restricciones y recuperar sus terrenos. Pero si nos movemos al plano de los intereses, aparecen múltiples opciones creativas que podrían generar valor para ambas partes.
Opciones para el ruido versus la operatividad
En lugar de que la municipalidad exija silencio absoluto y la FAP exija libertad total de horarios, se podría diseñar un sistema de «ventanas de ruido concertadas». Esto implicaría establecer horarios fijos y conocidos por todos para las operaciones de mayor impacto sonoro, por ejemplo, de diez de la mañana a doce del mediodía y de tres a cinco de la tarde. Fuera de esos horarios, solo se realizarían operaciones silenciosas o de emergencia.
Para darle transparencia a este sistema, se podría instalar un comité vecinal de monitoreo con decibelímetros calibrados, de modo que los propios vecinos verifiquen que se cumple lo pactado. A cambio, la FAP podría comprometerse a instalar pantallas acústicas en los perímetros más críticos, invirtiendo parte de su presupuesto en mitigar el impacto sonoro.
Otra opción creativa sería implementar un «semáforo acústico» visible desde fuera de la base y mediante una aplicación para teléfonos inteligentes. Una luz verde indicaría que la base está en operación normal. Una luz amarilla preavisaría con treinta minutos de anticipación que se avecina una operación ruidosa, para que los vecinos puedan planificar sus actividades sensibles al ruido, como reuniones al aire libre o el sueño de los niños pequeños. Una luz roja indicaría que la base está en situación de emergencia nacional o en entrenamiento crítico innegociable, algo que ocurriría muy esporádicamente. Este sistema daría previsibilidad a los vecinos sin vulnerar la flexibilidad operativa de la FAP.
Para el horario nocturno y en días festivos, se podría acordar una «banda de silencio protegida» entre las diez de la noche y las seis de la mañana, con la salvedad de emergencias reales o simulacros anunciados con al menos cuarenta y ocho horas de anticipación.
Además, la municipalidad podría ayudar a comunicar esos simulacros como «ejercicios de preparación ante desastre», transformando la molestia temporal en un motivo de orgullo cívico: los vecinos de Surco sabrían que esas operaciones nocturnas excepcionales son precisamente las que los protegerían cuando ocurra el gran sismo.
Opciones para el control y uso de los terrenos cedidos
Aquí es donde la creatividad puede generar el mayor valor compartido. En lugar de que la FAP recupere los terrenos dejando a la municipalidad sin nada, o que la municipalidad los retenga en contra de la voluntad de la FAP, se podría diseñar un modelo de cogestión. Por ejemplo, se podría crear un «Parque temático de defensa civil y clima» sobre esos terrenos.
La propiedad formal seguiría siendo de la FAP, pero la municipalidad obtendría una concesión de uso por un período renovable para operar un centro educativo sobre resiliencia sísmica y cambio climático. La FAP mantendría la propiedad y un rol de supervisión, asegurándose de que no haya explotación comercial indebida. La municipalidad tendría un proyecto de altísimo valor político, social y educativo. Ambas partes podrían declarar victoria: la FAP recuperó el control del activo; Surco obtuvo un parque emblemático.
Si algún tipo de actividad comercial es inevitable, ya sea por razones económicas o por la naturaleza del proyecto existente, se podría establecer un «modelo de beneficio compartido». Por ejemplo, se podría acordar que un porcentaje de los ingresos netos, digamos el cuarenta por ciento, se reinvierta en mejoras acústicas en el distrito o en un fondo vecinal de emergencia administrado por la municipalidad, pero auditado por la FAP. El resto de los ingresos se destinaría a la Caja de la FAP para el mantenimiento de la base. De este modo, la municipalidad obtiene recursos concretos para atender a su vecindario, y la FAP obtiene un flujo de ingresos sin tener que involucrarse directamente en la operación comercial.
Otra opción creativa sería la creación de un «anillo de desarrollo concertado» alrededor de la base. La municipalidad se comprometería formalmente a no densificar ni autorizar usos sensibles al ruido en un radio de quinientos metros de la pista, lo que a largo plazo reduciría las quejas vecinales. A cambio, la FAP permitiría a Surco diseñar un parque lineal en la franja de seguridad externa, con áreas verdes, miradores de aviones y pequeños espacios educativos. Ese parque lineal se convertiría en un atractivo turístico local y en un pulmón para el distrito, generando valor sin afectar la seguridad ni las operaciones de la base.
Opciones para la autonomía versus la fiscalización
El problema de fondo aquí es que la municipalidad necesita poder fiscalizar para cumplir su rol, pero la FAP no puede estar sujeta a la arbitrariedad o a la instrumentalización política de esa fiscalización. Una opción creativa sería establecer un sistema de «inspecciones duales y recurso anticipado». Esto implicaría que cualquier inspección municipal a instalaciones de la FAP debe ser notificada con al menos diez días de anticipación, excepto en casos de riesgo inminente debidamente acreditado.
Además, en cada inspección participaría un veedor designado por la propia FAP, de modo que el proceso sea transparente y bilateral. Las observaciones que surjan de la inspección no darían lugar a una clausura inmediata, sino que se resolverían en una mesa técnica mixta antes de cualquier medida coactiva. Si finalmente hay un desacuerdo insalvable, existiría un recurso expedito ante un panel neutral, que podría estar integrado por representantes del INDECI o de la Defensoría del Pueblo.
Otra opción sería la creación de un «Certificado ITSE de alto nivel», una categoría especial de certificación para infraestructura crítica de defensa. En este esquema, la municipalidad reconocería formalmente que ciertos códigos técnicos de la FAP (por ejemplo, en materia de seguridad estructural o de prevención de incendios) son equivalentes o superiores a los códigos municipales, por lo que no sería necesario someterlos a una doble verificación.
A cambio, la FAP aceptaría someterse a una auditoría anual conjunta, realizada por un equipo compuesto por funcionarios municipales, representantes de la Defensoría del Pueblo y miembros del Colegio de Ingenieros. Esa auditoría no sería punitiva, sino colaborativa, orientada a identificar mejoras y a mantener la certificación vigente.
Finalmente, se podría diseñar un «Convenio marco de colaboración estratégica» entre la municipalidad y la FAP. En ese convenio, Surco declararía formalmente el interés nacional de la Base Las Palmas y su rol como infraestructura crítica para la resiliencia de Lima. La FAP, por su parte, se comprometería a implementar un programa de «vecino vigía» que incluiría vuelos de bajo ruido siempre que sea técnicamente posible, capacitación en defensa civil para escolares de Surco, y jornadas de puertas abiertas para que los vecinos conozcan la base y su misión.
La fiscalización municipal quedaría limitada a aspectos no operativos, como el manejo de residuos o el cumplimiento de normas ambientales generales, y sus resultados se reportarían semestralmente a un consejo vecinal integrado por representantes de ambas partes.
El MAAN de cada parte: su mejor alternativa si no hay acuerdo
Aplicando el concepto de MAAN (Mejor Alternativa a un Acuerdo Negociado) de Fisher y Ury, debemos preguntarnos qué haría cada parte si la negociación fracasa y no se alcanza un acuerdo creativo. Esta comparación es crucial para entender por qué, a pesar de las apariencias, ambas partes tienen incentivos para sentarse a dialogar.
El MAAN de la Municipalidad de Surco
Si la FAP se niega a negociar o si el diálogo se rompe, la municipalidad tiene varias alternativas, pero ninguna es realmente buena. Podría intensificar la fiscalización y las clausuras, realizando más inspecciones inopinadas, imponiendo multas diarias e incluso presentando denuncias penales contra los oficiales de la FAP. Esto le permitiría mostrar a sus vecinos que está actuando con firmeza y que no se deja intimidar por los militares.
Sin embargo, esta alternativa tiene altísimos riesgos. Es muy probable que la FAP obtenga medidas de amparo en el Poder Judicial, dejando sin efecto las clausuras. Además, el gobierno central, especialmente el Ministerio de Defensa, podría intervenir en defensa de la FAP, generando un conflicto institucional de primera magnitud que la municipalidad difícilmente podría ganar.
Otra alternativa sería aprobar una ordenanza municipal que restrinja los horarios de vuelo, por ejemplo, prohibiendo los despegues entre las ocho de la noche y las ocho de la mañana. Pero esta medida tiene un alto riesgo de ser declarada inconstitucional por los tribunales, ya que la seguridad nacional es una competencia exclusiva del Estado central, no de los gobiernos locales. La FAP probablemente ignoraría la ordenanza, y la municipalidad quedaría en una posición de debilidad y ridículo.
También podría lanzar una campaña mediática contra la FAP, presentándose como el defensor del vecindario frente a unos militares insensibles e intocables. Esto podría generar réditos políticos a corto plazo y aumentar la popularidad del alcalde entre los vecinos más afectados por el ruido. Pero el costo sería un daño severo a la imagen institucional de la municipalidad, que podría quedar etiquetada como un actor conflictivo, incapaz de dialogar y más interesado en los reflectores que en las soluciones reales.
Otra opción sería litigar por la reversión de los terrenos, demandando la nulidad de la cesión o resistiendo la reversión en los tribunales. Pero un proceso judicial de esa naturaleza tomaría años, sería muy costoso y el resultado es incierto. Existe un alto riesgo de que la municipalidad pierda, y además quede con una relación institucional envenenada con la FAP por muchos años más.
Finalmente, la municipalidad podría simplemente no hacer nada y dejar que la FAP opere sin restricciones, pero esa alternativa no satisface ninguno de sus intereses. El alcalde sería visto como débil o como un títere de los militares, y su credibilidad política quedaría seriamente dañada.
En resumen, el MAAN de la Municipalidad de Surco es bastante débil. Puede generar ruido político y algunos titulares favorables, pero a mediano plazo es muy probable que pierda en los tribunales o quede políticamente aislada. La municipalidad no tiene los medios para forzar físicamente a la FAP a acatar sus decisiones, y el marco legal de defensa nacional juega en contra de sus pretensiones más extremas.
El MAAN de la Fuerza Aérea del Perú
Si la municipalidad se niega a negociar o sigue presionando, la FAP también tiene varias alternativas, aunque en general son algo mejores que las de la municipalidad. Podría simplemente ignorar las clausuras y seguir operando, desacatando las órdenes municipales. Esto satisfaría su interés operativo inmediato, porque los aviones seguirían volando. Sin embargo, esta alternativa genera una crisis institucional mayúscula, con los militares apareciendo en los medios como rebeldes insolentes que se creen por encima de la ley. El desgaste de imagen sería considerable.
También podría denunciar al alcalde por abuso de autoridad ante la Contraloría, la Fiscalía o el Poder Judicial. Esta alternativa satisface su interés de que se respeten los actos administrativos firmes y que no haya arbitrariedad. Pero los procesos judiciales o administrativos son notoriamente lentos en el Perú. Mientras tanto, la imagen de la FAP se desgasta con cada clausura y cada titular negativo.
Una alternativa más efectiva sería solicitar al Ejecutivo, específicamente a la Presidencia del Consejo de ministros, la declaratoria de «necesidad nacional» de la Base Las Palmas. Con esa declaratoria, el gobierno central podría limitar la potestad fiscalizadora del municipio o incluso excluir a la base del ámbito de aplicación de ciertas ordenanzas locales.
Esta alternativa satisface muy altamente el interés estratégico de la FAP, pero tiene un costo político: el gobierno central se mete en un conflicto local, lo que puede generar roces con el alcalde Bruce, dependiendo de si este es aliado u opositor del oficialismo. La FAP quedaría atrapada en medio de una pelea política entre el Ejecutivo y el gobierno local.
También podría proceder a la reversión administrativa de los terrenos por su propia cuenta, es decir, recuperarlos sin acuerdo y sin esperar una decisión judicial. Esto le daría un control inmediato sobre el activo, pero abriría un conflicto judicial de años con la municipalidad, que seguramente recurriría a los tribunales. La relación entre ambas instituciones quedaría rota por mucho tiempo.
Finalmente, una alternativa que la FAP no quisiera considerar, pero que siempre está presente, sería reducir voluntariamente sus operaciones ruidosas para calmar al municipio, incluso sin un acuerdo formal. Pero esto sería visto internamente como una traición a sus propios intereses operativos, y sentaría un pésimo precedente para otras municipalidades que podrían presionar de manera similar.
En resumen, el MAAN de la FAP es moderadamente más fuerte que el de la municipalidad, porque la institución tiene el respaldo del gobierno central y del marco constitucional de seguridad nacional. Puede ganar a largo plazo en los tribunales o mediante una intervención del Ejecutivo. Pero ese triunfo no sería gratuito: implicaría costos políticos, desgaste de imagen institucional, años de litigio y una relación envenenada con un actor local que, aunque de menor rango, tiene legitimidad democrática y capacidad de influir en la opinión pública.
¿Negociación directa o facilitada por un mediador es mejor que el MAAN de cada parte?
Comparando el valor de un acuerdo creativo (como los descritos anteriormente) con el MAAN de cada parte, se llega a una conclusión clara: ambas partes están mejor si negocian que si se enfrascan en un conflicto prolongado.
Para la Municipalidad de Surco, un acuerdo le permite obtener concesiones reales en materia de ruido (horarios, previsibilidad, compensaciones vecinales), mantener un rol en la supervisión de los terrenos (aunque sea a través de una concesión de uso o un parque temático), y salir del conflicto con una victoria política presentable ante sus vecinos. Si sigue por la vía del MAAN, probablemente terminará perdiendo en los tribunales, quedando aislada políticamente y sin haber logrado ninguna mejora concreta para su distrito.
Para la Fuerza Aérea, un acuerdo le permite preservar su plena operatividad estratégica, recuperar el control de sus terrenos (ya sea formalmente o mediante un esquema de cogestión que le dé la última palabra), y evitar el desgaste de imagen y los costos judiciales de un conflicto largo. Si sigue por la vía del MAAN, es probable que eventualmente gane, pero a un costo alto en términos de relaciones institucionales, tiempo y recursos, y con el riesgo de que otras municipalidades sientan que enfrentarse a la FAP es una estrategia viable porque esta no sabe dialogar.
Por eso, el análisis de Fisher y Ury conduce a recomendar la negociación directa entre las partes, y si esta no es posible debido a la desconfianza acumulada o a la escalada del conflicto, la intervención de un mediador neutral e independiente. Un mediador tendría la ventaja de poder despersonalizar el conflicto, separar a las personas de los problemas, y ayudar a las partes a enfocarse en sus intereses subyacentes en lugar de en sus posiciones declaradas.
Lo que está en juego, como bien señala el artículo de opinión que originó este análisis, no es solo el ruido en un distrito acomodado de Lima, ni siquiera el control de unos terrenos. Lo que está en juego es la capacidad del Estado peruano para responder a un desastre sísmico de gran magnitud. Si la fiscalización municipal se convierte en un arma política que degrada la operatividad de la Base Las Palmas, entonces el conflicto deja de ser un problema de Surco y se convierte en un problema de seguridad nacional. Y en ese tipo de problemas, la negociación creativa y la mediación no son un lujo: son una necesidad.
