Cuando desde el gobierno se sugiere que no hay “blancos” en su entorno como una forma de marcar diferencia o reivindicación, se está jugando con categorías raciales de una manera bastante más peligrosa.
Hay discusiones públicas que parecen girar en círculos, no porque sean complejas, sino porque se abordan con una vara distinta según quién hable y desde dónde. El caso reciente sobre un creador de contenido y el uso del término “serranos” -entre otros sí agraviantes- es un ejemplo claro de esa incoherencia que ya se ha vuelto costumbre. Se pretende instalar la idea de que la palabra, por sí sola, es una ofensa automática, un agravio intolerable que merece sanción.
Pero curiosamente, ese mismo rigor desaparece cuando se usan términos como “costeños” o “selváticos”. ¿En qué momento unos gentilicios o referencias geográficas se convierten en insulto y otros no? ¿Depende del contexto, de la intención o simplemente de quién tiene el micrófono?
El problema de fondo no es la palabra, sino la carga que se le quiere imponer según la conveniencia del momento. Si “serrano” es ofensivo siempre, entonces también deberían serlo sus equivalentes regionales. Pero si entendemos que estas palabras forman parte de la diversidad del país, entonces hay que dejar de sobreactuar indignación selectiva.
Y ahí es donde la discusión se vuelve aún más contradictoria. Mientras se exige castigo por un término que puede ser interpretado de múltiples maneras, desde el poder se lanzan mensajes mucho más preocupantes sin el mismo nivel de escrutinio. Cuando desde el gobierno se sugiere que no hay “blancos” en su entorno como una forma de marcar diferencia o reivindicación, se está jugando con categorías raciales de una manera bastante más peligrosa. No es inclusión; es simplemente invertir el signo de la exclusión. Porque si algo debería estar claro es que el racismo no deja de ser racismo por cambiar de dirección. Señalar, clasificar o dividir a las personas por su color de piel o su origen sigue siendo una forma de reducirlas, venga de donde venga.
Entonces aparece la gran pregunta respecto a una cuasi declaración de identidad que tantas veces se repite en discursos y ceremonias: ¿no se supone que somos el país de todas las sangres? Esa frase implica convivencia, mezcla, reconocimiento mutuo. No jerarquías nuevas ni competencias de victimismo.
Si realmente se cree en esa idea, el camino no es censurar palabras de manera arbitraria ni tolerar discursos divisivos según quién los emita. El camino es mucho más incómodo: aplicar el mismo criterio a todos, entender el contexto antes de condenar y, sobre todo, dejar de usar la identidad como arma política.
De lo contrario, seguiremos atrapados en esta dinámica donde la indignación es selectiva y la coherencia brilla por su ausencia.