La democracia no se agota en cumplir plazos; se sostiene en garantizar derechos.
“Las irregularidades registradas y que continúan evidenciándose en el reciente proceso electoral no pueden ser minimizadas ni tratadas como simples contingencias logísticas. La no distribución oportuna del material electoral el día previo, la apertura de mesas después de las 2:00 p.m. y, más grave aún, la habilitación excepcional de mesas al día siguiente en determinadas localidades, así como las denuncias sobre manipulación de actas al término de la jornada electoral, han vulnerado de manera directa el derecho fundamental al voto de miles de peruanos.”
No se trata de hechos aislados, más aún cuando la Contraloría General de la República del Perú y el Jurado Nacional de Elecciones del Perú ya habían advertido irregularidades en el proceso. Se trata de fallas estructurales que han afectado la igualdad de condiciones en el ejercicio del sufragio, principio esencial de toda democracia.
En este contexto, el silencio inicial y la posterior demora en la decisión del Jurado Nacional de Elecciones del Perú de declarar inviable la realización de elecciones complementarias no solo resultan insuficientes, sino que proyectan una señal preocupante: la priorización de la formalidad del proceso por encima de la legitimidad del resultado.
El argumento basado en los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral no puede utilizarse como escudo frente a una realidad evidente:
Cuando una organización de dedicación exclusiva se prepara durante cinco años para asegurar un proceso electoral eficiente y, aun así, una parte de la ciudadanía no puede votar en condiciones razonables, lo que queda en evidencia no es una falla puntual, sino un proceso cuestionado en su integridad.
La democracia no se agota en cumplir plazos; se sostiene en garantizar derechos.
Y cuando esos derechos son restringidos por deficiencias del propio sistema, corresponde detener, corregir o anular; no avanzar ni cerrar para cumplir una formalidad que, en lugar de legitimar, termina deslegitimando el proceso.
Forzar la continuidad del proceso bajo estas condiciones, con miras a una juramentación forzada el 28 de julio, implica validar irregularidades que han generado un quiebre en la confianza ciudadana.
Ese quiebre es el punto crítico. Cuando la ciudadanía percibe que el sistema no garantiza condiciones justas, la duda deja de ser marginal y se instala como sospecha estructural.
Y en ese escenario, la pregunta deja de ser incómoda para volverse inevitable:
¿Estamos frente a un proceso imperfecto, o frente a uno cuya legitimidad ha sido comprometida de una manera que ya no puede explicarse solo por fallas operativas?
El país no necesita respuestas formales.
Necesita garantías reales.
Lo ocurrido no puede archivarse como una anécdota ni diluirse en tecnicismos. Cuando miles de ciudadanos ven limitado su derecho al voto por fallas del propio sistema, no estamos ante un problema administrativo: estamos ante una fractura de la legitimidad democrática.
El Jurado Nacional de Elecciones del Perú puede sostener que ha actuado dentro del marco legal. Pero la legalidad, por sí sola, no garantiza justicia ni confianza. Un proceso electoral no se valida porque concluye, sino porque se desarrolló con transparencia y todos tuvieron la oportunidad real de participar en condiciones equivalentes.
Si esa condición no se cumple, el problema no desaparece con una resolución: se traslada a la percepción colectiva y se convierte en desconfianza estructural.
Pero la responsabilidad no es solo institucional.
La ciudadanía no puede limitarse a indignarse momentáneamente para luego normalizar lo ocurrido. Cada vez que se tolera una irregularidad, cada vez que se relativiza una vulneración del derecho al voto, se debilita el mismo sistema que luego se exige que funcione.
Ya en 2021 tuvimos un proceso electoral ampliamente cuestionado y un Jurado Nacional de Elecciones del Perú que utilizó todas las herramientas legales dentro de sus atribuciones para validar un resultado bajo sospecha.
“A pesar de la mala experiencia vivida entonces, durante los cinco años siguientes no se hizo absolutamente nada para corregir ni reestructurar el sistema electoral.”
Hoy, lejos de haber aprendido, se repiten las mismas fallas; las deficiencias no solo persisten, sino que se intensifican y perfeccionan, junto con los mismos cuestionamientos. Y lo más grave:
Lo que debió ser una excepción comienza a convertirse en regla.
Esto demuestra que nuestra memoria histórica se diluye con rapidez, hasta que volvemos a enfrentar exactamente el mismo problema. Y cuando finalmente reaccionamos, ya es tarde: nuevamente, un reducido grupo de funcionarios, amparándose en la autonomía funcional que le otorga nuestra propia Constitución, termina definiendo el destino del derecho de sufragio de millones de ciudadanos, comprometiendo la legitimidad del proceso electoral y, con ello, el futuro del país
La democracia no se pierde de un solo golpe. Se erosiona cuando las fallas se repiten y se aceptan.
Si no se exige corrección, transparencia y rendición de cuentas hoy, el precedente queda establecido. Y lo que en 2021 generó dudas y no se corrigió en su momento, hoy deja de ser excepcional:
se ha normalizado.
Evitar que esto se repita no depende únicamente de las instituciones. Depende de una ciudadanía que deje de adaptarse a procesos cuestionados y empiece a exigir procesos legítimos.
Pero también exige una decisión política inmediata. Una vez culminado este cuestionado proceso electoral y determinados los resultados finales, libres de cualquier indicio de manipulación o interferencia, el nuevo Parlamento deberá asumir una responsabilidad impostergable:
la revisión integral del sistema electoral del país.
No como una reacción política, sino como una obligación frente a un país que ya no puede seguir normalizando procesos electorales cuestionados.
Lo ocurrido ya no puede calificarse como una falla aislada.
Es la señal de un sistema que empieza a normalizar sus propias deficiencias.
“Si no se corrige ahora, la próxima elección no será más cuestionada: será la confirmación de que el país ha aceptado convivir con un sistema electoral en el que la legitimidad dejó de ser una garantía.”
